La Junta impugnará 57 licencias de obras que Yagüe ha permitido por silencio administrativo

El Ayuntamiento de Marbella ha permitido en los últimos meses 57 licencias de obras sin necesidad de pronunciarse sobre ellas, simplemente dejando agotar el plazo de tres meses que la ley estipula para que queden concedidas por silencio administrativo. En 23 casos, el Ayuntamiento que preside Marisol Yagüe emitió posteriormente resoluciones, 17 favorables y otras seis denegatorias, pero de dudoso efecto legal. La inspección urbanística de la Junta estudia los expedientes por si algunas de las obras consentidas no se ajustaran al planeamiento vigente, aunque su intención es impugnarlas todas....

El Ayuntamiento de Marbella ha permitido en los últimos meses 57 licencias de obras sin necesidad de pronunciarse sobre ellas, simplemente dejando agotar el plazo de tres meses que la ley estipula para que queden concedidas por silencio administrativo. En 23 casos, el Ayuntamiento que preside Marisol Yagüe emitió posteriormente resoluciones, 17 favorables y otras seis denegatorias, pero de dudoso efecto legal. La inspección urbanística de la Junta estudia los expedientes por si algunas de las obras consentidas no se ajustaran al planeamiento vigente, aunque su intención es impugnarlas todas.

Independientemente de que las obras se ajusten o no al PGOU, la Consejería de Obras Públicas rechaza el procedimiento del silencio administrativo, que sólo entiende disculpable en casos aislados, pero no en un lote de 57 licencias. "El silencio administrativo es un acto formal que crea derecho, es una concesión de licencia en toda regla", explicó ayer el delegado provincial de la consejería en Málaga, José María Ruiz Povedano, quien considera "muy grave la inactividad del Ayuntamiento" y que éste "haga la vista gorda".

La alcaldesa, Marisol Yagüe, admite los retrasos en la tramitación de los expedientes, que se prolongan hasta cuatro y cinco meses, pero lo atribuye a que la corporación "estudia rigurosamente cada solicitud", sobre las que pide un informe técnico y otro jurídico, y "sólo si estos son positivos se concede la licencia".

Pero la cuestión es que el artículo 172 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que regula la concesión de licencias urbanísticas estipula que "la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses" y que "transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, otorgada la licencia interesada".

Este mismo artículo exige que los promotores deben comunicar previamente al consistorio el comienzo de las obras "con al menos 10 días de antelación".

La Junta tuvo conocimiento hace dos meses de una de estas comunicaciones de silencio administrativo de un promotor, e inició una inspección que ha permitido constatar que mediante este procedimiento se han permitido 57 licencias de obras.

Retraso por rigor

Yagüe asegura que cuando un promotor comunica este silencio administrativo, "iniciamos procedimientos de urgencia para estudiar si el proyecto presentado se ajusta o no a la legalidad vigente, y tanto si se ajusta como si no el Ayuntamiento se pronuncia expresamente; si no cumple el PGOU de 1986, se deniega la solicitud, y además los inspectores de disciplina urbanística toman medidas". De los 57 casos de silencio administrativo constatados por la inspección urbanística, el Ayuntamiento ha emitido este pronunciamiento posterior en 23, en 17 de ellos autorizando la licencia, y en otros seis denegándola.

Para la consejería de Obras Públicas, una vez pasado el plazo de tres meses el Ayuntamiento ya no puede aprobar ni denegar, porque la ley determina que desde ese momento la licencia está concedida, y lo demás es un "artificio para la galería sin ningún efecto". Ante el elevado número de casos por silencio administrativo para el que no ve "ninguna explicación lógica", la Junta entiende que es el método que ha encontrado el equipo de gobierno marbellí para seguir otorgando sistemáticamente licencias y poder mantener al mismo tiempo su discurso teórico de que las ha restringido y de que cumple escrupulosamente la ley.

"La actual corporación ha dado pie a la irregularidad por acúmulo", insiste Ruiz Povedano, y asegura que los hechos desmienten las continuas afirmaciones de la alcaldesa sobre la ruptura con la política urbanística de los anteriores gobiernos municipales de Jesús Gil y Julián Muñoz, y el respeto de su corporación al PGOU vigente.

Según Yagüe, el actual equipo de gobierno no ha concedido una sola licencia de obra que contravenga el planeamiento de 1986, e incluso ha "retado a cualquiera a presentar una sola impugnación". Pero la Junta sostiene que esto no es ni mucho menos así y ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el momento cinco licencias concedidas por la actual corporación.

Antes de impugnar también las 57 licencias por silencio administrativo, la Junta ha requerido información complementaria de cada uno de los expedientes al consistorio, que sólo le ha remitido hasta el momento la relativa a los 23 sobre los que ha emitido resolución fuera de plazo.

La Junta además reprocha al actual equipo de gobierno que no haya atendido sus requerimientos para que revise 14 licencias de obras ilegales concedidas por los gobiernos municipales anteriores, ni tampoco otras 52 peticiones para que incoe expedientes sancionadores por otras irregularidades detectadas por la policía urbanística dependiente de la consejería.

La administración autonómica ha advertido también al consistorio marbellí de que anulará los convenios urbanísticos que haya firmado la actual corporación porque hasta ahora no ha cumplido con los requisitos de publicidad y transparencia que determina la Ley de Ordenación Urbanística y que, entre otros preceptos, exige la creación de un registro de estos acuerdos que aún no existe en Marbella.