Ocho propuestas para prevenir atentados con cambios legales

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, detalló en su comparecencia la preocupación del Gobierno ante la delincuencia relacionada con extranjeros y vinculada al terrorismo, y con el radicalismo, "cuando esté asimismo conectado con el terrorismo".

Entre las medidas que Alonso aseguró que adoptará su ministerio, destaca la creación de un centro contraterrorista en el que intervengan el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia. El comité ejecutivo para el Mando Unificado, reunido la pasada semana, tomó la decisión de crear este centro. Tambié...

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, detalló en su comparecencia la preocupación del Gobierno ante la delincuencia relacionada con extranjeros y vinculada al terrorismo, y con el radicalismo, "cuando esté asimismo conectado con el terrorismo".

Entre las medidas que Alonso aseguró que adoptará su ministerio, destaca la creación de un centro contraterrorista en el que intervengan el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia. El comité ejecutivo para el Mando Unificado, reunido la pasada semana, tomó la decisión de crear este centro. También anunció Alonso su intención de potenciar "los grupos especializados en financiación y ciberterrorismo".

El ministro señaló que otra medida necesaria, que excede de su competencia, sería crear un órgano judicial/fiscal especializado en la materia.

Respecto a las iniciativas legislativas que el Gobierno quiere para combatir el terrorismo de origen islamista, planteó ocho propuestas para un mayor control de la información. Los ocho pilares de su estrategia son los que siguen:

"1. Bastaría con incluir en una ley, en desarrollo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal, la posibilidad de acceder a datos necesarios para la seguridad del Estado, y en especial para la lucha contraterrorista, con las garantías suficientes y con pleno respeto a los derechos constitucionales.

2. Dar soporte jurídico a la gestión de la información y la relación de la Secretaría de Estado de Seguridad con órganos de colaboración policial internacionales a través de la Policía y la Guardia Civil.

3. Posibilitar el control de envíos de fondos y transferencias electrónicas para evitar la utilización de organizaciones sin ánimo de lucro como fuente de financiación del terrorismo. Ampliación del fichero de la Central de riesgos del Banco de España que permita identificar a los titulares de productos financieros, potencialmente peligrosas para la Seguridad del Estado.

4. Desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, exigiendo colaboración a las operadoras, y posible identificación en las tarjetas prepago.

5. Mayor control en materia de hospedajes, alquiler de vehículos o confección de placas de matrícula.

6. Instar la regulación de la Unión Europea sobre cooperación penal y policial y su posible extensión al Magreb.

7. Mejora de la legislación sobre el control de explosivos.

8. Medidas legislativas que permitan el control de la actividad radical conectada con el terrorismo internacional dentro del respeto pleno a los derechos y libertades constitucionales".