Dudas y certezas
No basta con que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, venga a Andalucía para entrevistarse con Manuel Chaves y dar garantías de que no habrá trato de privilegio a determinadas comunidades, por ejemplo a Cataluña, a la hora de fijar el nuevo sistema de financiación. Se requiere más contundencia y claridad, sobre todo después de los sorprendentes cambios de opinión y las dudas mostradas por un ministro del que nunca ha sido su fuerte, precisamente, esta materia. Ya en la anterior etapa tuvo que desplazarse en más de una ocasión la entonces consejera de Economía, y ahora minis...
No basta con que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, venga a Andalucía para entrevistarse con Manuel Chaves y dar garantías de que no habrá trato de privilegio a determinadas comunidades, por ejemplo a Cataluña, a la hora de fijar el nuevo sistema de financiación. Se requiere más contundencia y claridad, sobre todo después de los sorprendentes cambios de opinión y las dudas mostradas por un ministro del que nunca ha sido su fuerte, precisamente, esta materia. Ya en la anterior etapa tuvo que desplazarse en más de una ocasión la entonces consejera de Economía, y ahora ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a Madrid para poner las cosas en su sitio en Ferraz, donde se encuentra la sede federal del PSOE.
Así que, a la espera de la llegada de Sevilla, prevista para finales de este mes, lo mejor será estar atentos a la primera sesión de control al Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados. Habrá preguntas de CiU al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el calendario previsto para la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación de las autonomías, mientras que el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, preguntará al vicepresidente Solbes si va a mantener en esta legislatura el actual sistema o no. Se trata, en definitiva, de acotar por parte de la oposición el debate, de tal manera que se defina la postura de los socialistas después de la errática trayectoria de Sevilla. Tan errática que se ha llevado severas advertencias tanto por parte del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como del de la Junta andaluza, Manuel Chaves. Ambos mandatarios se han pronunciado ya, en reiteradas ocasiones, en contra de cualquier acuerdo que se pueda plantear bilateralmente entre el Gobierno central y una comunidad determinada. Si se quiere cambiar el sistema deberá hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nada de negociar soluciones a la carta consagrando así una asimetría que resultaría muy perjudicial para las regiones más pobres.
Por tanto, Sevilla tendrá que atenerse al guión y despejar incertidumbres cuando venga a Andalucía. Todo ello mientras que técnicos de la Junta y la Administración central desarrollan sus contactos para cerrar el contencioso de la liquidación del anterior sistema de financiación. El objetivo es que el acuerdo esté ultimado antes del 30 de junio para dar así garantías de que vendrá dinero fresco para Andalucía. De igual modo, de la visita, esta semana, de Magdalena Álvarez se espera mucho. Lo suficiente como para conocer en detalle cuáles son sus planes para con esta tierra en donde están en el aire importantes proyectos en infraestructuras. El desarrollo del AVE a todas las capitales andaluzas, la liberación del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, la participación del Estado en los metros de la capital andaluza, Málaga y Granada, son algunas de las iniciativas que se amontonan en la mesa de trabajo de la ministra y que, sin duda, estarán en la agenda de su visita oficial.
Con todo, hay otros asuntos más perentorios que requieren actuaciones urgentes. Será ésta la semana en la que se consuma una de las actuaciones más amenazantes para el futuro del sector público de la construcción naval. Se formalizará la declaración, por parte de la Unión Europea, como ilegales de las ayudas de 500 millones de euros que inyectó el anterior Gobierno del PP en las cuentas de Izar para tratar así de salvar las factorías de Sevilla, Cádiz y Puerto Real, fundamentalmente. A pesar de las advertencias que en su día se hicieron sobre lo inviable de esta medida, la decisión siguió adelante hasta ser descubierta la operación por las autoridades comunitarias, quienes obligan ahora a la devolución del dinero recibido de forma ilícita. De esta forma, los astilleros han ido directos hacia su quiebra técnica. Efectivamente, estamos ante toda una bomba de relojería que ha estallado en las manos de los socialistas. Así es la vida, pero ahora les toca a ellos buscar una solución y también a los nuevos responsables de la empresa y a sus propios trabajadores, aunque los culpables del tal desaguisado sean otros.
Igualmente, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, inicia esta semana su particular carrera para buscar una solución a los líos internos existentes en el seno de IU. Tras la marcha de Luis Carlos Rejón y el rechazo de los críticos a formar parte de la dirección de la federación en Andalucía, anuncia que mantendrá contactos al "más alto nivel" para encontrar una salida a tanto conflicto. A la espera de estos resultados, no debemos olvidar que este paso adelante lo da cuando se alzan voces reclamando que asuma el liderazgo de IU.