El colapso de Extranjería deja a 40.000 inmigrantes en situación ilegal

Renovar el permiso de residencia se ha convertido en una pesadilla para decenas de miles de inmigrantes que trabajan en Cataluña. El colapso de la Oficina de Extranjería de Barcelona, que sólo atiende con cita previa, ha comportado que muchos inmigrantes vean caducar su permiso porque hasta dentro de cuatro o cinco meses no se les da hora para renovarlo. Técnicos de la Oficina de Extranjería de Barcelona estiman que los afectados podrían ser 40.000 y los responsables de la Delegación del Gobierno afirman que el procedimiento ha estado "casi paralizado" en los últimos dos meses.

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Renovar el permiso de residencia se ha convertido en una pesadilla para decenas de miles de inmigrantes que trabajan en Cataluña. El colapso de la Oficina de Extranjería de Barcelona, que sólo atiende con cita previa, ha comportado que muchos inmigrantes vean caducar su permiso porque hasta dentro de cuatro o cinco meses no se les da hora para renovarlo. Técnicos de la Oficina de Extranjería de Barcelona estiman que los afectados podrían ser 40.000 y los responsables de la Delegación del Gobierno afirman que el procedimiento ha estado "casi paralizado" en los últimos dos meses.

Tener el permiso de residencia en vigor es imprescindible para entrar y salir de España, renovar un contrato laboral, abrir una cuenta bancaria e incluso para contratar servicios de telefonía móvil. Por esta razón, muchos inmigrantes que no pueden permitirse caer en la irregularidad se han dirigido a la Oficina de Extranjería de Lleida, donde muchos esperan resolver en pocas semanas este trámite administrativo.

Lo que está claro es que no podrán hacerlo en Barcelona, al menos a corto plazo. Técnicos de la Oficina de Extranjería de la capital catalana explicaron ayer a EL PAÍS que la situación en este servicio es "pésima" por falta de personal y de medios y que en estos momentos se están concertando citas "para finales de octubre". Las mismas fuentes explicaron que la semana pasada los casos acumulados para la renovación de permisos ya casi alcanzaban los 40.000 personas, "algo que para ellos supone quedarse en situación irregular", con riesgo de ser despedidos del trabajo o de ser expulsados.

El nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, se ha comprometido a abordar la situación de forma prioritaria mediante un "plan de choque" que se concretará en las próximas semanas. La portavoz de la Delegación del Gobierno no concretó ayer la cifra exacta de afectados por el caos de las renovaciones, pero sí confirmó que "están pendientes de los casos entrados en los últimos dos meses".

La situación descrita por los trabajadores de Extranjería, inmigrantes y organizaciones sociales contrasta con la versión ofrecida por la ex delegada del Gobierno en Cataluña, Susana Bouis, quien el pasado mes de febrero aseguró que los inmigrantes ya no debían hacer "ningún tipo de cola". Bouis añadió que la posibilidad de solicitar cita a través del teléfono o mediante Internet había acabado con las esperas, pero abogados y sindicatos que trabajan con los inmigrantes desmienten tal versión.

Ghassan Saliba, responsable del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras, asegura que "los inmigrantes no consiguen cita para antes del mes de noviembre". Saliba agrega que el teléfono de atención está casi siempre bloqueado y las mesas habilitadas para atender a los colegios profesionales que tramitan documentación para inmigrantes también son insuficientes. Lo mismo piensa María Forteza, de la comisión de inmigración del Colegio de Gestores Administrativos. Forteza explica que la relación con la Delegación del Gobierno "es buena", pero los problemas no dejan de crecer. En opinión de Forteza, "cuando las demoras son culpa de la propia Administración, los permisos deberían ser renovados automáticamente".

El temor al colapso se encuentra ahora en la Oficina de Extranjería de Lleida, donde los inmigrantes de otras provincias en busca de una renovación de su permiso se cuentan por centenares cada semana. Un portavoz de la Subdelegación del Gobierno central en Lleida explicó ayer que casi la mitad de las 400 personas que acuden a la oficina cada día proceden de otras provincias, principalmente de Barcelona, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En esas provincias ha corrido la voz de que en Lleida la atención es inmediata y sólo transcurre una media de 40 días entre la presentación del expediente y su resolución, por lo que muchos inmigrantes optan por desplazarse a Lleida ante el temor de que les caduquen los permisos y no obtengan su renovación. Aunque teóricamente esta oficina no debería tramitar solicitudes de personas residentes en otras provincias, sus funcionarios lo están haciendo, aunque dan prioridad a los inmigrantes residentes en Lleida.