El Gobierno derogará la reforma legal contra el referéndum del 'lehendakari'

El Gobierno socialista derogará la parte de la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo del PP que posibilita que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pueda ser condenado a penas de tres a cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación si convoca el referéndum sobre su plan soberanista sin autorización de las Cortes. También derogará el artículo que permite castigar con penas de entre tres a cinco años de prisión por permitir subvenciones con fondos públicos al grupo parlamentario de formaciones ilegalizadas, como Batasuna.

El ministro de Justicia, Jua...

El Gobierno socialista derogará la parte de la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo del PP que posibilita que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pueda ser condenado a penas de tres a cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación si convoca el referéndum sobre su plan soberanista sin autorización de las Cortes. También derogará el artículo que permite castigar con penas de entre tres a cinco años de prisión por permitir subvenciones con fondos públicos al grupo parlamentario de formaciones ilegalizadas, como Batasuna.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, justifica su derogación en que fue una "reforma atropellada, unilateral e inaceptable en su forma y en su contenido" por parte del Gobierno del PP y que contó con el rechazo de todos los grupos parlamentarios en su tramitación. El Gobierno del PP presentó esta reforma al final de la legislatura, en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre pasado.

La reforma fue introducida en el Senado, a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje, y tramitada en 10 días por las Cortes sin posibilidad de enmiendas. Fue, finalmente, aprobada en el último pleno del Congreso de los Diputados, aprovechando la mayoría absoluta de que disponía el PP, antes de la disolución de las cámaras, en medio de un gran escándalo político. El ministro de Justicia recuerda que el PSOE se opuso tajantemente a la reforma con el argumento jurídico de que violentaba "el principio general de intervención mínima y el de proporcionalidad". "Fue un gran disparate jurídico y político", denunciaron los socialistas.

La derogación afectará al artículo 506 bis del Código Penal, que castiga con prisión de tres a cinco años a quien convoque un referéndum ilegal; al 521 bis, que castiga con penas de seis meses a un año de prisión o multa a los interventores o a quienes faciliten, promuevan o aseguren el proceso o el referéndum ilegal; y al 576 bis, que sanciona con penas de tres a cinco años a la autoridad que subvencione con ayudas públicas a partidos disueltos.

Referendos ilegales

El ministro de Justicia aclara que la derogación de estos artículos del Código Penal no significa que el Gobierno socialista admita "referendos ilegales como el que propone Ibarretxe". Sigue pensando que es "ilegal", pero asegura que ya existen otras vías legales para impedir su realización sin necesidad de acudir a estas medidas penales.

López Aguilar precisa también que el Gobierno socialista aún no ha establecido un calendario para proceder a la derogación de esta parte de la reforma del Código Penal, pero aclara que "se adelantará y diferenciará" de la revisión general del Código Penal que el Ejecutivo pretende hacer por el "gran atropello" que supuso y el "rechazo generalizado" que originó.

El ministro de Justicia adelantó también que el Gobierno socialista pretende la revisión del Código Penal, negociada con los grupos parlamentarios, sin prisa, a lo largo de 2004 y 2005. En esta revisión, que el ministro justifica por sus 10 años de vida -el Código Penal reformado lo aprobó en 1995 el último Gobierno socialista de Felipe González-, propondrá la relectura de los más de un centenar de artículos del Código Penal que el Ejecutivo del PP volvió a reformar, al final de la pasada legislatura en menos de un año. López Aguilar recuerda que esta parte de la reforma del PP no entra en vigor hasta octubre.

"El Gobierno del PP, en el tramo final de la legislatura pasada, reformó el Código Penal, a golpe de titulares de periódico, buscando la espectacularidad más que la eficacia política y jurídica ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana", precisa el ministro.