Solbes paraliza la venta de los activos de Izar planeada por el PP
Sindicatos, PSOE, IU y PA denuncian un intento de cierre encubierto
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ordenó el pasado 14 de abril paralizar el intento del grupo Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de vender los activos de las seis factorías de astilleros civiles españoles. El objetivo era conseguir una inyección económica con la que hacer frente a una posible multa millonaria de la UE por la concesión de ayudas públicas a esta compañía.
Pedro Solbes fue consultado por los responsables de la SEPI el pasado 14 de abril, fecha en la que se celebraba el Consejo de Administración de Izar. En esas fechas aún...
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ordenó el pasado 14 de abril paralizar el intento del grupo Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de vender los activos de las seis factorías de astilleros civiles españoles. El objetivo era conseguir una inyección económica con la que hacer frente a una posible multa millonaria de la UE por la concesión de ayudas públicas a esta compañía.
Pedro Solbes fue consultado por los responsables de la SEPI el pasado 14 de abril, fecha en la que se celebraba el Consejo de Administración de Izar. En esas fechas aún no había sido nombrado ministro. Los sindicatos UGT y CC OO, los comités de empresa de las plantas de Sevilla y Puerto Real (Cádiz) y PSOE, IU y PA acusaron ayer al PP de tener preparada una "estrategia diseñada" para cerrar Izar si hubieran ganado las elecciones generales.
Los planes de la consejera delegada del grupo Izar, Esther Rituerto, del PP, eran vender los terrenos y las propiedades de las seis factorías de construcción de barcos civiles (Sevilla, Puerto Real, Cádiz, Fene-Ferrol, Sestao y Gijón) a Infoinvest, una sociedad instrumental pública propiedad también de la SEPI. Esta empresa, que se dedica a gestionar zonas ociosas afectadas por reconversiones industriales, abonaría 650 millones de euros con los que Izar afrontaría el pago de una posible multa de Bruselas. Portavoces de la SEPI alegaron la situación de interinidad de los directivos para no hacer declaraciones.
El Tribunal Europeo de la Competencia tiene abierto un expediente sobre la legalidad de una aportación económica de la SEPI a Izar de 500 millones de euros de forma supuestamente irregular cuando se fusionaron los astilleros civiles AESA y militares de Bazán. Para seguir desarrollando su actividad, las factorías enajenadas tendrían que alquilar los terrenos vendidos a Infoinvest. Pedro Solbes ordenó paralizar esta venta porque considera que la UE no ha sancionado aún a Izar y es posible abrir una negociación con Bruselas.
Acusaciones sindicales
Nada más conocer las intenciones de los antiguos gestores del PP en SEPI e Izar, los sindicatos UGT y CC OO saltaron como un resorte para denunciar el "intento encubierto de cerrar" los astilleros. "Se quieren cargar las factorías Izar", denunció Pedro Custodio, secretario de UGT Cádiz. De igual manera, se pronunció el secretario de CC OO de Cádiz, Manuel Ruiz.
En esta misma línea, el secretario del comité de empresa de Puerto Real, Francisco Caro, advirtió de que los planes de Izar suponían la "muerte anticipada" de la sociedad al "despatrimonializarse y perder todo su valor". Según el sindicalista, esta operación explica el "nulo" interés del Gobierno saliente, del PP, en resolver el conflicto laboral que enfrenta a los trabajadores con Izar por las mejoras salariales que reclaman en el nuevo convenio colectivo. "Algunos dirigentes populares han demostrado que son unos caraduras", espetó.
A estas críticas intentó responder el diputado del PP por Cádiz Jesús Mancha, que aseguró que su partido "no sabía nada", al tiempo que se desmarcó del plan de Rituerto: "No nos podemos alinear con esa venta".