Cataluña puede abrir el camino

El nudo gordiano está en el País Vasco, pero la espada está en Cataluña. El PP lega al PSOE un complejo panorama autonómico. El plan Ibarretxe en Euskadi, la reforma del Estatuto en Cataluña y la deuda histórica de Andalucía. Y por encima de todo, un ambiente viciado e irrespirable entre estas comunidades y el Gobierno central. La apuesta por el Estado federal es el arma con la que los socialistas se aprestan a buscar soluciones. En el caso vasco se trata de un problema de legalidad, pero Cataluña y Andalucía pueden abrir camino. Así se compromete el PSOE en su programa y así quedó públ...

El nudo gordiano está en el País Vasco, pero la espada está en Cataluña. El PP lega al PSOE un complejo panorama autonómico. El plan Ibarretxe en Euskadi, la reforma del Estatuto en Cataluña y la deuda histórica de Andalucía. Y por encima de todo, un ambiente viciado e irrespirable entre estas comunidades y el Gobierno central. La apuesta por el Estado federal es el arma con la que los socialistas se aprestan a buscar soluciones. En el caso vasco se trata de un problema de legalidad, pero Cataluña y Andalucía pueden abrir camino. Así se compromete el PSOE en su programa y así quedó públicamente el 13 de noviembre de 2003, cuando las 20.000 personas que habían acudido al Palau Sant Jordi a aclamar a Pasqual Maragall oyeron la categórica promesa: "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán". Quien así hablaba era José Luis Rodríguez Zapatero, confiado en la victoria de Maragall, ya en el cenit de la campaña de las autonómicas. Fueron muchos quienes pensaron: promesa gratis. Nadie sospechaba entonces que la realidad daría la vuelta a la tortilla de las más sesudas previsiones: Maragall a punto estuvo de no convertirse en inquilino del Palau de la Generalitat, mientras que Zapatero iba directo a La Moncloa.

La apuesta por el Estado federal, avanzada por Maragall, es el arma con la que los socialistas se aprestan a buscar soluciones

De momento, al consenso sobre el nuevo Estatuto todos quieren que se sume el PP catalán, que asistirá a las reuniones de la ponencia parlamentaria

Hay que reformar el Senado y el poder judicial, propiciar la presencia de las auto- nomías en la Unión Europea y crear agencias tributarias en las comunidades

Enormes expectativas

La victoria del candidato del PSOE ha abierto unas enormes expectativas en el Gobierno tripartito catalán. Esquerra Republicana (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA) y, por supuesto, los socialistas catalanes ya pueden dormir a pierna suelta. Se acabaron las pesadillas incubadas, según propia confesión, durante el mandato de Aznar. Las acusaciones lanzadas por los ministros del PP al tripartito catalán de ser un Gobierno "que pacta con asesinos", las amenazas de encarcelar a Maragall si convocaba referéndum estatutario, crearon un ambiente tenso e irrespirable. "Teníamos claro que éramos un objetivo a batir por parte del Gobierno central, y ahora Zapatero cuenta con la ilusión colectiva y la capacidad para concluir la transición; para abrir un periodo en el que la diferencia debe ser una virtud y no, como hasta ahora, un defecto", explica el republicano Josep Bargalló, que ha sucedido como conseller en cap del Gobierno catalán a Josep Lluís Carod Rovira, tras la reunión de Perpiñán con la cúpula de ETA.

"Ahora el debate político vuelve al terreno de la política y deja el del insulto", agrega Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y tercer hombre fuerte del Ejecutivo de Maragall. "Es una evidencia que se ha abierto un panorama de esperanza no sólo discursiva", subraya el secretario de gabinete catalán, el socialista Ernest Maragall. Cataluña, su Gobierno, vive la victoria de Zapatero como si de una luna de miel se tratara. La fuerza de lo cotidiano y el paso del tiempo se encargarán de poner las cosas en su sitio. Y aunque la pasión palidezca y deje paso a apacibles -quizá tediosas- noches de tresillo y televisión, el Gobierno tripartito tiene claro que no estará peor con Zapatero que con un Ejecutivo del PP con liderazgo tutelado por José María Aznar.

El PP ya dejó claro durante la precampaña de las generales, y por medio de Gabriel Elorriaga, precisamente del jefe de campaña de Mariano Rajoy, que no iba a aprobar el nuevo Estatuto catalán si su sección regional, capitaneada por el ex ministro Josep Piqué, no daba luz verde. La perversión de esa propuesta -que la objetividad hace impecable- consiste en que el PP catalán nunca ha gozado de autonomía suficiente como para disentir de lo decidido por su dirección nacional de la calle de Génova, aseguran sus oponentes.

"La victoria del PSOE evita la autocensura psicológica de los redactores del Estatut", afirma el consejero Saura. Pero ello no les impide ser conscientes de "que no podemos pedir el cielo", en palabras del presidente de la Generalitat. Así que con estos mimbres, entre la euforia y la prudencia, comienza el Parlamento catalán sus trabajos sobre el nuevo Estatuto, una reforma que el 88% de los diputados de la Cámara autonómica -el tripartito más Convergència i Unió- cree ineludible. El proyecto, una vez aprobado por el Parlament, estará listo para ser horneado por las Cortes Generales a finales de este año o a principios de 2005. "Debemos construir la interlocución, los instrumentos; hay que pensar que no todo va a ser coser y cantar", explica Ernest Maragall. CiU, sin hipotecas ni ataduras con un PP en la oposición, va a remover el alma independentista de Esquerra Republicana con un órdago nacionalista que le haga entrar en conflicto con sus compañeros de tripartito. También el PSOE deberá hallar un difícil equilibrio entre sus almas federal y jacobina: entre los Pasqual Maragall y Manuel Chaves y los José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

De momento, al consenso del nuevo Estatuto todos quieren que se sume el Partido Popular catalán, que comenzará a asistir a las reuniones de la ponencia parlamentaria. La vía de reforma estatutaria iniciada en Cataluña hunde sus raíces en la pasada legislatura de la Cámara autonómica y nace a propuesta de la izquierda, que no de CiU, entonces sujeta a evitarlo en virtud del pacto de investidura con el PP que hizo presidente a Jordi Pujol.

Para los socialistas catalanes, el proyecto estatutario catalán cabe dentro el espíritu de Santillana del Mar, donde el comité territorial del PSOE alumbró el pasado 30 de agosto su proyecto federal. Luego continuó en ese "nuevo impulso autonómico para la España plural" que figura en el apartado quinto del programa con el que ha concurrido a las elecciones Zapatero. "Los socialistas", se afirma en el programa, "entendemos que el Estado de las autonomías ni está agotado, ni sobrepasado, ni superado, ni hay que desbordarlo. Sin embargo, ese Estado ni está paralizado ni es pétreo: tiene que integrar la evolución social y política".

Sobre el papel no debería haber fricciones entre el programa del PSOE y el del tripartito. Ambos coinciden en su diagnóstico. Juzgan que España se enfrenta a una segunda etapa en su democracia para concluir -a juicio de unos- o perfeccionar -según otros- el Estado de las autonomías. Y eso hay que explicarlo al resto de España. Para ello, el Gobierno de la Generalitat ha articulado la campaña Cataluña

propone, consistente en explicar el proyecto.

Reformas constitucionales

Pero no sólo el tripartito mueve ficha en ese cambio. Hay que reformar el Senado, el poder judicial, propiciar la presencia de las autonomías en la Unión Europea y crear agencias tributarias para las comunidades, según el programa del PSOE. La Constitución puede quedar sujeta a cirugía según la ambición del cambio.

El futuro, pues, está muy abierto, y las certezas dejan paso a los interrogantes. Pero nadie quiere dibujar nubarrones en ese horizonte. Así que prefieren ir a lo más concreto: la orientación en los prespuestos del Estado para 2005. "En esos tiene interés el Gobierno catalán" , explica Ernest Maragall. El presidente de la Generalitat ha enfatizado, y así lo hace el tripartito, la importancia de no atender a los criterios de radialidad -eso ya se menciona en el programa del PSOE- y en comenzar a equiparar la inversión del Estado en Cataluña al porcentaje del PIB, teniendo en cuenta que se trataría de un sistema para compensar los déficit acumulados. La provincia de Barcelona es la que menos inversión pública recibió -tanto del Gobierno central como del autonómico- de toda España entre 1991 y 2002, según un reciente estudio de la Universidad de Barcelona.

El Gobierno catalán, afirma su consejero de Economía, Antoni Castells, propondrá la creación de una comisión que aborde los déficit en infraestructuras. Castells asegura que hay una amplia coincidencia entre sus propuestas y las del PSOE. La buena relación de Castells y su trabajo junto a Jesús Caldera, Magdalena Álvarez o Miguel Sebastián en la conformación del programa del PSOE así lo avala. Junto a la inversión pública del Estado, el tercer gran caballo de batalla es el de la financiación autonómica. Y ahí el primer paso que se plantea el Gobierno catalanista y de izquierdas es denunciar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo de financiación aprobado en 2001, afirma Castells. Ése es un asunto especialmente envenenado. En primer lugar, porque los nacionalistas de CiU, haciendo de la necesidad virtud -pues su estabilidad política dependía de los votos del PP-, lo entronizaron como un buen acuerdo: 35% de IVA, y del 40% al 100% de los impuestos especiales, además de aumentar la participación en el IRPF de un 30% a un 33%.

En realidad, el aumento de fondos se limitó a unos 300 millones de euros, la mitad de lo anunciado públicamente y la octava parte de lo solicitado (2.400 millones de euros). Pero en la retina de muchos españoles, el acuerdo quedó como una tremenda concesión a Cataluña que tanto el PP catalán como el propio pujolismo se encargaron de publicitar como tal.

El tripartito catalán reclama también una Agencia Tributaria propia con una fórmula parecida a la andaluza. El Gobierno autonómico andaluz, que reivindica asimismo un aumento del autogierno y una mejora de su financiación, cuenta además con un problema específico: tiene un litigio desde 1997 con el Ejecutivo central. Andalucía reclama el reconocimiento de medio millón de andaluces que figuran en los cálculos de recursos por habitante realizados por el Gobierno central. La última cifra que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aceptaba era de 2.500 millones de euros.

El mal trato financiero dado a Andalucía por el Gobierno central y la prohibición de investigaciones en el caso de células madre han contribuido a alentar la conciencia andaluza y ha vuelto a aflorar la discriminación histórica que ha sufrido Andalucía por parte de los sucesivos Gobiernos españoles. Significativamente, Andalucía y Cataluña han sido las comunidades autónomas que más han contruibuido al triunfo del Partido Socialista Obrero Español -allí donde más se ha distanciado del PP- en las pasadas elecciones, que han colocado a Zapatero en La Moncloa.