El Supremo absuelve a todos los acusados en el 'caso Atocha'
El Tribunal Supremo ha decidido absolver definitivamente a las cinco personas implicadas en su día en el llamado caso Atocha, una supuesta trama de corrupción que afectaba a empleados de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno del socialista Joaquín Leguina y a directivos de una constructora.
Ahora, el Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la aseguradora St. Paul España Insurance Seguros y Reaseguros SA contra la sentencia absolutoria que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2002 sobre Ramón Valls, ex director general de Proyectos y Obras, los arquit...
El Tribunal Supremo ha decidido absolver definitivamente a las cinco personas implicadas en su día en el llamado caso Atocha, una supuesta trama de corrupción que afectaba a empleados de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno del socialista Joaquín Leguina y a directivos de una constructora.
Ahora, el Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la aseguradora St. Paul España Insurance Seguros y Reaseguros SA contra la sentencia absolutoria que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2002 sobre Ramón Valls, ex director general de Proyectos y Obras, los arquitectos regionales Carlos Collado y Eduardo de Antonio González, y dos altos cargos de Construcciones Atocha: José Rey Patiño, consejero delegado, y Dionisio de la Silla.
Los cinco fueron acusados por la citada empresa de los delitos de falsedad en documento oficial, estafa, falsedad en documento público y falsedad en certificado oficial. El Supremo ha impuesto el pago de las costas del proceso a la aseguradora.
El llamado caso Atocha surgió en diciembre de 1990 durante el Gobierno del ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, a raíz de tres certificaciones por acopio de materiales realizados en unas obras de escuelas de Getafe, Leganés y el centro de Salud de Villarejo de Salvanés. Esas obras las realizaron empresas subcontratadas por la firma Atocha.
Al caer en quiebra construcciones Atocha, la aseguradora, antes llamada Albia, figuraba como avalista de tales obras y fue la que interpuso una querella denunciando supuestas irregularidades en los trabajos, en un intento, explica uno de los afectados, "de no pagar a la Administración las responsabilidades económicas derivadas del incumplimiento del contrato de Atocha".
A la querella se sumaron el PP y el empresario José María Ruiz Mateos. Catorce años después de saltar lo que el PP definió entonces como "un escándalo", primero la Audiencia, en marzo de 2002, y ahora el Supremo han dado carpetazo definitivo al caso.