La falta de previsión del gobierno de CiU dejó sin ayudas a 40.000 discapacitados

Unas 40.000 familias catalanas con ancianos o hijos dependientes no han cobrado las ayudas que solicitaron el año pasado a la Generalitat porque el anterior Gobierno no hizo la correspondiente previsión de fondos. Así lo denunciaron ayer los nuevos responsables del Departamento de Bienestar y Familia, quienes aseguraron que dichas familias cobrarán normalmente las ayudas correspondientes a 2004, pero no los atrasos de 2003, ya que sus casos ni siquiera pudieron ser evaluados cuando correspondía. La Generalitat ha habilitado una partida extraordinaria de 28,5 millones de euros para hacer frente...

Unas 40.000 familias catalanas con ancianos o hijos dependientes no han cobrado las ayudas que solicitaron el año pasado a la Generalitat porque el anterior Gobierno no hizo la correspondiente previsión de fondos. Así lo denunciaron ayer los nuevos responsables del Departamento de Bienestar y Familia, quienes aseguraron que dichas familias cobrarán normalmente las ayudas correspondientes a 2004, pero no los atrasos de 2003, ya que sus casos ni siquiera pudieron ser evaluados cuando correspondía. La Generalitat ha habilitado una partida extraordinaria de 28,5 millones de euros para hacer frente al pago.

Las ayudas para familias con personas que tengan problemas que supongan dependencia pueden alcanzar los 240 euros mensuales, según sea el grado de invalidez y la situación económica del entorno familiar. En 2003 cobraban estas ayudas cerca de 20.000 familias, una cifra que debía multiplicarse con la entrada en vigor de condiciones más flexibles para aspirar a ellas. Hasta la convocatoria de 2002, se accedía a la prestación cuando los ingresos de la unidad familiar no superaban los 15.146 euros. En 2003, sin embargo, el Ejecutivo de Jordi Pujol decidió no tener en cuenta los ingresos de las personas que convivían con un familiar dependiente de más de 65 años.En el caso de los menores de 18 años con discapacitación, se contabilizaban los ingresos del padre y de la madre. En este caso el límite para recibir la paga era de 36.060 euros anuales. Con esta flexibilización, la demanda se disparó y acabó por desbordar cualquier previsión.

El Gobierno de CiU calculó que en cuatro años se recibirían unas 100.000 solicitudes de ayuda. Sin embargo, en sólo 12 meses los demandantes ya ascendían a 70.000, cuando las reservas de fondos para 2003, siempre según el departamento, no alcanzaban para pagar ni la mitad.

El nuevo director del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Martí Masferrer, lamentó ayer esta situación y aseguró que las familias que cumplan los requisitos comenzarán a recibir la paga "antes de seis meses". Masferrer admitió, sin embargo, que las familias cuyo caso no fue evaluado en 2003 no podrán cobrar la ayuda con carácter retroactivo. "Estamos dando todos los pasos necesarios para normalizar la situación cuanto antes y el Gobierno hará el esfuerzo necesario para garantizar las ayudas pese a tener los presupuestos prorrogados", afirmó.

Masferrer prefirió no entrar en consideraciones sobre por qué el anterior Gobierno lanzó un programa de ayudas tan ambicioso sin prever las consecuencias económicas que ello podía tener para las arcas de la Generalitat. En su día, los partidos de la oposición ahora en el Gobierno ya advirtieron del riesgo de no prever una partida presupuestaria específica para estas nuevas ayudas.

Rigau: "No es culpa nuestra"

En una nota de prensa, el Departamento de Bienestar y Familia anunció ayer que, una vez aprobados los presupuestos de 2004, se abrirá una nueva convocatoria de ayudas que incluirá algunas mejoras. Masferrer considera que se debe apoyar económicamente a las familias cuando éstas hacen de "principal cuidador" de la persona que no puede valerse por sí misma.

La versión del anterior Gobierno la dio anoche la ex consejera de Bienestar Social Irene Rigau, quien negó que se produjera falta de previsión presupuestaria. Según Rigau, el único problema que hay en el pago de estas ayudas es la "falta de habilidad del actual Gobierno, que ha estado tres meses paralizado". Rigau afirmó que el decreto que regulaba las ayudas a familias con personas discapacitadas ya preveía que los procesos burocráticos pudieran demorarse hasta seis meses. "Lo que pasa es que el actual Gobierno, con su paralización, lo ha retrasado nueve meses; este retraso no es culpa nuestra".

Aparte de las ayudas a las familias con discapacitados, Bienestar y Familia mantiene las ayudas a las familias con hijos menores de cinco años y a las que no pueden costear una residencia a los mayores de 65 años.