Parias de élite
El Centro de Biología Molecular es un buque insignia de la ciencia española, pero su principal fuerza de trabajo son becarios, jóvenes muy cualificados que pasan los 10 mejores años de su vida sin sus derechos sociales y laborales
Hasta el más voraz de los tiburones financieros admitiría sin empacho que el principal activo de una empresa tecnológica son sus empleados, y pondría buen cuidado en pagarles mejor que la competencia, en estimularles con unas condiciones laborales propias de su cualificación profesional y en fidelizarlos con stock options. Pero esa lógica es ajena a los centros públicos de investigación. La principal fuerza de trabajo de estos institutos posee la más alta cualificación -son los mejores licenciados y doctores en ciencias de cada promoción-, pero allí nadie ha oído hablar de un contrato l...
Hasta el más voraz de los tiburones financieros admitiría sin empacho que el principal activo de una empresa tecnológica son sus empleados, y pondría buen cuidado en pagarles mejor que la competencia, en estimularles con unas condiciones laborales propias de su cualificación profesional y en fidelizarlos con stock options. Pero esa lógica es ajena a los centros públicos de investigación. La principal fuerza de trabajo de estos institutos posee la más alta cualificación -son los mejores licenciados y doctores en ciencias de cada promoción-, pero allí nadie ha oído hablar de un contrato laboral, ni de un sueldo digno, ni de un seguro de desempleo, ni de un reconocimiento de antigüedad, ni de una cobertura sanitaria completa ni de una nómina para avalar un crédito hipotecario. Así empiezan estos chicos, y así suelen seguir al soplar las 35 velas. Son los investigadores jóvenes, la cantera científica de este país, la última élite de parias.
"Nuestra principal reivindicación es sustituir las becas por contratos laborales"
"Prima la precariedad frente a la estabilidad", reconocen los mejores científicos españoles
"Yo empecé la tesis en el señalado año de 1968, y recuerdo muy bien lo que sufríamos entonces los becarios de investigación", recuerda Jesús Ávila, el actual director del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), de Madrid, un buque insignia de la ciencia española. "Lo malo es que, 36 años después, los becarios siguen sufriendo más o menos lo mismo. Sólo puedo decir que apoyo todas las reivindicaciones de este colectivo". Ávila es uno de los 11 miembros de la élite biomédica que, el pasado día 19, exigieron un pacto de Estado para que España duplique sus inversiones en investigación y salga por fin del vergonzoso atraso científico en el que parece instalada con asombrosa complacencia.
Luis Quijada es un típico producto del CBM. Hizo allí su trabajo de doctorado entre 1994 y 1997, ganó el premio extraordinario de tesis, se fue de posdoc a la Universidad de Heidelberg (Alemania), regresó al CBM en 2001 y sólo ahora, a sus 35 años, acaba de conseguir su primer contrato laboral. Un contrato en prácticas, por supuesto, pero que parece un milagro después de nueve años de becas y otras precariedades.
"Nueve años no está mal", dice Quijada. "El promedio es de 10 años, y hay becarios de mayor trayectoria. El abuelo de mi mujer nunca ha considerado que yo tuviera un trabajo, y se cree que llevo 15 años repitiendo curso o algo parecido. ¿Quién le puede censurar?".
La investigadora y académica Margarita Salas, también del CBM, afirmaba la semana pasada: "Los licenciados en ciencias están enormemente desencantados porque no ven futuro en la profesión científica. Esto es muy peligroso, porque estamos perdiendo a los mejores jóvenes". El pacto de Estado propuesto por 11 de los principales científicos españoles, incluida Salas, dedica un capítulo entero a la necesidad de normalizar la carrera científica. "Prima la precariedad frente a la estabilidad", reconoce el documento, que considera imprescindible duplicar el número de investigadores españoles desde los 4,2 actuales hasta los 8,3 científicos por 10.000 habitantes, como en los países verdaderamente desarrollados. Pero ¿cómo atraer a miles de jóvenes investigadores a una profesión que parece diseñada por un sádico?
"Nuestra principal reivindicación es muy simple: eliminar el sistema de becas y sustituirlo por una contratación laboral convencional", explica Quijada, que también es uno de los representantes estatales de la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios. "El argumento es igualmente simple: los becarios están 10 años trabajando fuera del sistema de protección de la seguridad social. No tienen seguro de desempleo, ni se les reconoce la antigüedad, ni las bajas por maternidad, ni las ayudas ocasionales del Gobierno, como los famosos 100 euros a las mujeres con hijos pequeños, y están cubiertos a menudo por seguros médicos privados y cambiantes".
Los investigadores jóvenes pasan los mejores años de su vida, de los 25 a los 35, superando obstáculos para formar una pareja estable, posponiendo la decisión de tener hijos y recibiendo negativas de los bancos, que no consideran que una beca sea un aval suficiente para concederles un crédito hipotecario, o incluso la financiación para comprar un coche.
"Los becarios son los últimos aprendices medievales, aquellos jóvenes que pasaban por cualquier penalidad para poder aprender un oficio", dice Quijada. "Pero la palabra becario es una trampa. La relación de los becarios con cualquier centro de investigación es profesional desde el primer día. Todos son licenciados o doctores, y sus funciones son las propias de un contratado".
Jesús Ávila explica: "Tras muchas presiones, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha aceptado que los doctores tengan que estar contratados. Pero tengo que reconocer que estos contratos siguen siendo bastante precarios. Son contratos de servicios, que sólo duran lo que dure el proyecto de investigación".
"Los contratos de doctores no afectan a la universidad, y además no bastan", opina Quijada. "La única diferencia entre un doctor y un no doctor es la experiencia, y eso debe reflejarse en el sueldo, pero la falta de experiencia no puede ser nunca una excusa para recortar a una persona sus derechos sociales".