La fiscalía pide seis años para un empresario por estafa a la Seguridad Social
El juzgado de instrucción 15 de Sevilla ha abierto juicio oral contra un empresario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para quien la fiscalía ha pedido seis años de cárcel por estafar 1,1 millones de euros a la Seguridad Social mediante altas fraudulentas de 129 trabajadores. Fuentes del caso dijeron que el empresario C.I.P. comparecerá esta semana ante el juzgado para ser notificado de su procesamiento, acto en el que además deberá depositar una fianza de 1.160.000 euros (equivalente a la cantidad total presuntamente estafada) aunque se ha declarado insolvente.
En este caso estuvieron im...
El juzgado de instrucción 15 de Sevilla ha abierto juicio oral contra un empresario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para quien la fiscalía ha pedido seis años de cárcel por estafar 1,1 millones de euros a la Seguridad Social mediante altas fraudulentas de 129 trabajadores. Fuentes del caso dijeron que el empresario C.I.P. comparecerá esta semana ante el juzgado para ser notificado de su procesamiento, acto en el que además deberá depositar una fianza de 1.160.000 euros (equivalente a la cantidad total presuntamente estafada) aunque se ha declarado insolvente.
En este caso estuvieron imputados hasta ahora los 129 parados que se beneficiaron de las contrataciones fraudulentas, pero tanto la fiscalía como el letrado de la Seguridad Social han pedido que se archive la causa penal contra ellos y quede abierta sólo la administrativa. Estos desempleados cobraron las prestaciones de desempleo, jubilaciones e invalidez a través de la empresa de reciclaje metálico de C.I.P., que les dio de alta de forma ficticia entre 1989 y 1999. Cada uno de los imputados cobró cantidades de entre 600 y 6.000 euros.
Aunque la Seguridad Social impulsó la causa para imputar por la vía penal a los desempleados, ahora se ha unido al argumento del fiscal y ha pedido procesar al empresario, al que ambas partes acusan de un delito de fraude en subvenciones. Fuentes de la defensa del empresario dijeron que no va a recurrir el procesamiento porque en el juicio apelará a la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las cantidades presuntamente estafadas por su cliente no alcanzan los 120.200 euros en cada caso, necesarios para que sea considerado delito y no una falta administrativa.