PP y PSE exigirán en el pleno la devolución de la ley de ficheros por "vulnerar" las competencias estatales
La ley de ficheros de carácter personal y de cración de la Agencia Vasca de Protección de Datos recibió ayer el dictamen favorable de la Comisión de Instituciones e Interior y quedó lista para su debate en pleno, con el desacuerdo de populares y socialistas.
Los portavoces de ambos grupos, Gonzalo Machín y Víctor García, respectivamente, anunciaron que mantienen para su defensa en pleno las enmiendas a la totalidad y parciales derrotadas en el debate en comisión. Machín sostuvo que el texto tal y como quedó aprobado contiene "vulneraciones constitucionales y competenciales". El socialis...
La ley de ficheros de carácter personal y de cración de la Agencia Vasca de Protección de Datos recibió ayer el dictamen favorable de la Comisión de Instituciones e Interior y quedó lista para su debate en pleno, con el desacuerdo de populares y socialistas.
Los portavoces de ambos grupos, Gonzalo Machín y Víctor García, respectivamente, anunciaron que mantienen para su defensa en pleno las enmiendas a la totalidad y parciales derrotadas en el debate en comisión. Machín sostuvo que el texto tal y como quedó aprobado contiene "vulneraciones constitucionales y competenciales". El socialista Víctor García, que defenderá las enmiendas parciales de su grupo, coincidió en que el proyecto de ley "invade competencias" de la ley orgánica de datos de carácter personal y advirtió de que probablemente el Gobierno central lo recurrirá.
García se refirió en especial a la Disposición Adicional Segunda, que atribuye al Eustat las mismas competencias que tiene el INE (Instituto Nacional de Estadística) a la hora de facilitar datos relativos al padrón al Gobierno autonómico. En la actualidad, el Eustat sólo puede ofrecer esos datos para usos estadísticos y cuando el Ejecutivo los necesita para otros fines, debe recurrir a los ayuntamientos de un modo individualizado.
La portavoz del PNV en la comisión, Izaskun Bilbao, señaló que no existe por parte de su grupo la pretensión de sustraerle competencias al INE y que el único objeto de la iniciativa es "hacer más eficaz y ágil la labor de la Administración".
El proyecto ha estado marcado por la controversia desde su nacimiento. El Consejo Económico y Social (CES) vasco censuró ya hace un año, en su preceptivo informe, que el anteproyecto concedía a la Administración una "facultad aribitraria" y consideraba injustificable un régimen de obtención de datos que tachaba de "excepcionalísimo".
Sobre la Agencia Vasca de Protección de Datos, el informe del CES cuestionó en su día el nombramiento de su director por el Gobierno, sin participación del consejo consultivo del organismo.