La Junta recurre el auto que le exige demandar al Estado junto a las tabacaleras
La Junta de Andalucía presentará un recurso de reposición contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid que le concede un plazo de 15 días para ampliar al Estado su demanda contra seis empresas tabacaleras o, de lo contrario, archivará las actuaciones. El consejero de Salud, Francisco Vallejo, expresó el martes su desacuerdo con el auto del juez Manuel Eduardo Regalado, que considera que el monopolio estatal en la fabricación y venta de tabaco hasta 1998 equivale a un servicio público y que el Estado podría tener una responsabilidad patrimonial por la comercialización. "H...
La Junta de Andalucía presentará un recurso de reposición contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid que le concede un plazo de 15 días para ampliar al Estado su demanda contra seis empresas tabacaleras o, de lo contrario, archivará las actuaciones. El consejero de Salud, Francisco Vallejo, expresó el martes su desacuerdo con el auto del juez Manuel Eduardo Regalado, que considera que el monopolio estatal en la fabricación y venta de tabaco hasta 1998 equivale a un servicio público y que el Estado podría tener una responsabilidad patrimonial por la comercialización. "Había un monopolio fiscal que estableció el Estado para garantizar la recaudación de impuestos, pero no es un servicio público", dijo.
Si el juez desestima el recurso, la Junta está dispuesta a demandar al Estado para evitar que se cierre el proceso. No obstante, el consejero recalcó que intentará "por todos los medios" evitar esa demanda . Vallejo considera que la inclusión del Estado entre las demandadas "rompe la filosofía" de la reclamación judicial. "Nos parece injusto que las empresas que de verdad se están lucrando se salgan de rositas y le echen la responsabilidad a los contribuyentes", dijo.
Los servicios jurídicos de la Junta esgrimirán en el recurso de reposición algunos de los argumentos que ya emplearon ante la Audiencia Provincial de Madrid y que se recogen en la sentencia emitida por este tribunal en mayo de 2003, como que la empresa Altadis, tras su privatización, asumió todos los derechos, obligaciones "y todas las responsabilidades futuras".
El litigio en los tribunales entre la Junta de Andalucía y las tabacaleras comenzó en marzo de 2002, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid admitió a trámite la demanda de la administración andaluza contra seis tabacaleras a las que reclama una indemnización de 1,77 millones de euros por los costes sanitarios del tabaquismo. La Junta reclama el pago por la atención sanitaria prestada a 135 pacientes que han sufrido patologías originadas por su adicción al tabaco.
Las tabacaleras recurrieron la admisión a trámite con el argumento de que la vía para dirimir el pleito era la del contencioso-administrativo, ya que sostienen que el Estado debe ser también demandado. La titular del juzgado aceptó el argumento de las empresas, que declaró en un auto que el Estado debía incorporarse al proceso al haber sido titular del monopolio de la fabricación y distribución del tabaco hasta 1998. La Audiencia Provincial de Madrid, ante la que recurrió la Junta, rechazó este argumento y devolvió en mayo de 2003 el caso a la jurisdicción civil, que ha abierto el procedimiento y, tras escuchar a las partes, ha ordenado la ampliación de la demanda al Estado o, en caso contrario, anuncia que cerrará la causa.