Reportaje:

El hombre que paró al piloto número 20

El teniente coronel Nistal afirma que existe el riesgo de una guerra civil en Irak

El terrorista destinado a ser el piloto suicida número 20 en los atentados del 11-S llegó semanas antes al aeropuerto de Orlando (Florida) con una actitud desafiante. Cuando el funcionario de Aduanas le preguntó por sus planes turísticos en EE UU, Mohamed al Qahtani respondió primero con vaguedades para justificar que no llevaba pasaje de vuelta, ni sabía dónde se iba a alojar, ni a quién iba a ver y apenas llevaba dinero; pero después, al sospechar el inspector de sus intenciones y denegarle la entrada, el joven saudí le apuntó con el dedo en los ojos y en tono amenazante le dijo: "Volveré"....

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El terrorista destinado a ser el piloto suicida número 20 en los atentados del 11-S llegó semanas antes al aeropuerto de Orlando (Florida) con una actitud desafiante. Cuando el funcionario de Aduanas le preguntó por sus planes turísticos en EE UU, Mohamed al Qahtani respondió primero con vaguedades para justificar que no llevaba pasaje de vuelta, ni sabía dónde se iba a alojar, ni a quién iba a ver y apenas llevaba dinero; pero después, al sospechar el inspector de sus intenciones y denegarle la entrada, el joven saudí le apuntó con el dedo en los ojos y en tono amenazante le dijo: "Volveré".

Afuera, en la sala de llegadas, Mohamed Atta, líder de los terroristas suicidas, estaba intranquilo. Había ido a esperarle para, al parecer, finalizar detalles de los atentados. Al ver que pasaba el tiempo y no salía, Atta hizo dos llamadas a contactos en Oriente Próximo. Era el 4 de agosto de 2001. El inspector de aduanas José Meléndez-Pérez finalmente decidió poner a Al Qahtani en un avión de vuelta a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) porque, según contaba ayer, le dio "muy mala espina". Meléndez-Pérez hacía el relato ante la comisión nombrada por el Congreso de EE UU para investigar los atentados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el avión que se estrelló en un campo de Pensilvania, supuestamente destinado contra la Casa Blanca o el Capitolio, y en el que debía ir Al Qahtani.

Sólo él puede confirmar si ésos eran efectivamente los planes, pero se niega hablar con sus interrogadores en Guantánamo. Le capturaron en Afganistán y desde entonces permanece incomunicado en la base militar estadounidense junto a otros cerca de 660 detenidos. Los miembros de la Comisión del 11-S están convencidos de que él, y no el marroquí Zacarías Moussaoui, como se dijo en principio, había sido reclutado para el vuelo 93 de United Airlines. Tal hipótesis la han descartado incluso los fiscales que procesan a Musaui, al que ahora acusan de ser miembro de un complot mucho más amplio.

"Es extremadamente posible, e incluso probable, que Mohamed al Qahtani fuera el vigésimo secuestrador y que su decisión haya contribuido a salvar el Capitolio o la Casa Blanca", afirmó Richard Ben-Veniste, un ex fiscal del Watergate y miembro del actual panel investigador, dirigiéndose al inspector Meléndez-Pérez durante la primera audiencia celebrada públicamente por esa Comisión, que concluyó ayer.

La denominada Comisión Nacional de Atentados Terroristas contra EE UU felicitó al inspector hispano por su labor, pero emitió un crítico informe sobre los cuerpos policiales y los departamentos de Aduanas e Inmigración por no haber detectado a los terroristas. De acuerdo con el informe y las declaraciones de los investigadores, había suficientes indicios como para haber impedido la entrada de los 19 terroristas. En contra de la versión mantenida por el Gobierno de George W. Bush, la mayoría de los suicidas entró con pasaportes o visas fraudulentos o con documentos tan irregulares que debían haber despertado las alertas.

El inspector Meléndez-Pérez describió el ambiente de "hacer la vista gorda" que imperaba antes del 11-S, explicando que su decisión de denegar la entrada a Al Qahtani fue motivo de controversia "porque tradicionalmente a los ciudadanos de origen saudí se les ponían menos pegas que a los demás".

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La Comisión del 11-S ha pedido una extensión de dos meses para entregar su informe final, previsto para el 27 de mayo, aduciendo las dificultades de conseguir documentos confidenciales por las pegas que le ha puesto el Gobierno, pero la Casa Blanca y el Congreso se oponen. A Bush no le convendría un informe negativo en plena campaña de reelección.

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