La Generalitat reta al Gobierno central y decide aumentar la pensión a 135.000 viudas

La consejera de Bienestar Social afirma que la ayuda es competencia del Ejecutivo catalán

La Generalitat ha retado al Gobierno central al mantener para 2004 las ayudas que complementan las pensiones de viudedad más bajas -unas 135.000-, incrementándolas además el 3,8%, medio punto por encima del IPC catalán. Pese a que una ley del Ejecutivo del PP aprobada en noviembre de 2003 impide a las autonomías mejorar las pensiones no contributivas, Anna Simó, consejera de Bienestar y Familia, expresó ayer su "firme voluntad" de mantener el pago de estas ayudas por considerar que "entran plenamente dentro de las competencias transferidas a la Generalitat".

En su edición de ayer, el ...

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La Generalitat ha retado al Gobierno central al mantener para 2004 las ayudas que complementan las pensiones de viudedad más bajas -unas 135.000-, incrementándolas además el 3,8%, medio punto por encima del IPC catalán. Pese a que una ley del Ejecutivo del PP aprobada en noviembre de 2003 impide a las autonomías mejorar las pensiones no contributivas, Anna Simó, consejera de Bienestar y Familia, expresó ayer su "firme voluntad" de mantener el pago de estas ayudas por considerar que "entran plenamente dentro de las competencias transferidas a la Generalitat".

En su edición de ayer, el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) publicaba la orden de prestación de ayudas complementarias a las pensiones para 2004. El departamento que dirige Anna Simó prevé que el número de beneficiarios de estos complementos llegue este año a unos 135.000, 15.000 más que el año pasado. Para 2004, la cuantía del complemento es de 300 euros, distribuidos en pagas mensuales de 25, que suponen un aumento del 3,8% respecto a los 289 euros que se pagaron en 2003.

El complemento de 300 euros que se pagará a las personas viudas cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a 6.931 entró ayer mismo en vigor. En el caso de que el montante anual de ingresos supere la citada cantidad pero no llegue a 7.231 euros, el importe de la ayuda se fijará en función de la diferencia entre las dos cantidades, garantizándose una paga mínima de seis euros mensuales.

El pago de estas ayudas ya desató el año pasado un duro enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno del PP. El pasado verano, la anterior consejera, Irene Rigau (CiU), hizo caso omiso de un requerimiento que el Gobierno central le formuló para paralizar los pagos que el Ejecutivo catalán había anunciado para mejorar la situación de las viudas con pensiones más bajas. El Gobierno central ya había mantenido un pulso con la comunidad andaluza en 1998, cuando la Junta de Andalucía aprobó una ayuda para los beneficiarios de las pensiones no contributivas a través de una paga de la que se beneficiarion alrededor de 100.000 andaluces.

A pesar de que el Tribunal Constitucional reconoció el pasado mes de febrero el derecho de la Junta andaluza a complementar estas pensiones, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Congreso para aprobar en noviembre, con el apoyo de Coalición Canaria, una ley que impide que las comunidades autónomas puedan mejorar las pensiones no contributivas. La nueva norma pretende dejar claro que el régimen público de la Seguridad Social es una competencia exclusiva del Estado, el único al que atribuye la capacidad de decidir el bajar o subir las pensiones, sean contributivas o no.

Nuevos incrementos

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El Gobierno catalán considera que esta compentencia es suya. Anna Simó acusó al Gobierno del PP de "invadir" competencias de las comunidades autónomas y anunció que la Generalitat ha pedido un informe al Consejo Consultivo, órgano asesor del Parlament, para determinar si la ley del PP vulnera las competencias del Gobierno catalán. En caso afirmativo, la Generalitat recurrirá contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

El nuevo Gobierno catalán no sólo ha desafiado al Gobierno central manteniendo y actualizando el complemento de viudedad ya vigente, sino que ayer Simó expresó la firme voluntad de incrementar incluso el importe de las ayudas para garantizar que "ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo interprofesional", actualmente fijado en 460,5 euros.

Según la consejera, en 2003 más del 70% de las personas viudas en Cataluña recibían pensiones de la Seguridad Social inferiores a 420 euros mensuales.

Anna Simó consideró ayer que esta paga forma parte de las "políticas activas" de la Administración catalana para ayudar a las personas con menos recursos y reiteró que la medida "entra plenamente dentro de las competencias transferidas a la Generalitat" en materia de servicios sociales y asistenciales.

El Gobierno de la Generalitat mantiene los presupuestos de 2003 prorrogados. El Departamento de Bienestar Social pretende aumentar las partidas en las próximas cuentas de la Generalitat, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Durante 2003 se destinaron un total de 32,3 millones de euros al pago de los complementos a las viudas, de los que 2,7 millones correspondientes a la paga de diciembre se tuvieron que imputar al presupuesto de 2004 porque "la partida presupuestaria no se había provisto oportunamente", según la Generalitat.

Las personas que ya recibieron el año pasado el complemento no deberán presentar una nueva solictud si siguen reuniendo los requisitos exigidos.

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