Interpretación disparatada
La vinculación del pago de la deuda contraída por el Gobierno de la nación con la Comunidad Autónoma de Andalucía con el triunfo del PP en las próximas elecciones autonómicas ha sido una de las noticias más relevantes de la vida política no sólo andaluza sino nacional. Ha merecido portadas en diversos medios de comunicación y pronunciamientos editoriales.
Para los ciudadanos de las demás comunidades autónomas es posible que la noticia fuera nueva, pero para los andaluces no lo es. Antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hiciera esta semana las declaraciones de las que s...
La vinculación del pago de la deuda contraída por el Gobierno de la nación con la Comunidad Autónoma de Andalucía con el triunfo del PP en las próximas elecciones autonómicas ha sido una de las noticias más relevantes de la vida política no sólo andaluza sino nacional. Ha merecido portadas en diversos medios de comunicación y pronunciamientos editoriales.
Para los ciudadanos de las demás comunidades autónomas es posible que la noticia fuera nueva, pero para los andaluces no lo es. Antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hiciera esta semana las declaraciones de las que se han hecho eco los medios de comunicación de ámbito nacional, los andaluces habíamos tenido conocimiento de la posición del Gobierno del PP por su presidenta regional y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teófila Martínez, que había cuantificado a la baja la deuda, 2.500 millones de euros en lugar de los 4.500 en que la Junta de Andalucía cifra el monto de la misma, pero que la había reconocido y que afirmaba, sin rubor alguno, que la deuda sería pagada en cuanto ella fuera presidenta de la Junta de Andalucía.
El PP ha descartado convencer a los andaluces para que lo voten. Lo que quiere es vencerlos.
La conducta del ministro y, por extensión, de la presidenta regional del PP, ha sido calificada en los diversos medios de comunicación. Concretamente el editorial de EL PAÍS del pasado viernes la tildaba de Chantaje de Estado. Doy por supuesto que los lectores están al tanto de tales calificaciones y no voy, en consecuencia, a añadir otra.
Lo que me propongo es situar las declaraciones de Cristóbal Montoro, que no se debe olvidar que es diputado por Jaén, y de Teófila Martínez en un contexto más amplio, que permita verlas con una luz distinta. Porque lo más llamativo de dichas declaraciones no es lo que dicen, sino lo que significan.
Lo que esas declaraciones ponen de manifiesto es que el PP ha perdido la confianza en sí mismo como partido andaluz y ha perdido toda esperanza de poder ganar las elecciones en Andalucía jugando limpio. El PP desde hace años se ha venido fabricando una coartada para justificar sus derrotas electorales en Andalucía. Coartada que ha asumido diversas variantes. Primero fue la teoría del "voto cautivo", íntimamente vinculada a la gestión del subsidio agrario por los gobiernos socialistas. Dicha coartada se vendría abajo en el momento en que el PP ocupó el Gobierno de la nación en 1996 y empezó a gestionar el mencionado subsidio. Después vino la teoría "del miedo" de los votantes ante el Gobierno de la Junta de Andalucía, con comparación incluida con la situación en el País Vasco, que puso en circulación Jaime Mayor Oreja. Tampoco tendría mejor fortuna y tendría que ser dejada de lado de manera casi inmediata. La verdad es que comparar el miedo que genera ETA en el sistema político vasco con el que genera el Gobierno de la Junta de Andalucía era demasiado brutal para que pudiera calar en la opinión pública andaluza.
La interpretación por parte del PP de la realidad electoral andaluza viene estando dominada desde hace tiempo por la convicción de que ha sido la falta de libertad, de una u otra manera, de los ciudadanos andaluces lo que ha justificado el triunfo del partido socialista. En las elecciones andaluzas habría un vicio en el proceso de formación de la voluntad general. Los ciudadanos andaluces, por lo visto, habríamos ejercido con miedo nuestro derecho de sufragio y ese miedo es el que habría impedido que el PP triunfara.
Los dirigentes del PP han sido incapaces de concretar hasta la fecha de una manera objetiva y razonable las razones del miedo andaluz. En incontables ocasiones a lo largo de las dos últimas legislaturas Teófila Martínez ha lanzado acusaciones contra el presidente de la Junta de Andalucía en este sentido, pero no ha sido capaz de aportar un solo dato que las justificara. Y de ahí que tales afirmaciones no encuentren eco alguno en la opinión pública andaluza. Es lo que ocurrió también con la comparación que hizo José María Aznar entre el general Franco y Manuel Chaves en la clausura del congreso del PP andaluz en Granada en 2002. Es difícil pensar que los ciudadanos andaluces puedan ver a Manuel Chaves como un autócrata y que tengan miedo del Gobierno que preside.
Pero el que la coartada popular sea el resultado de una interpretación disparatada de la realidad electoral andaluza, no quiere decir que los dirigentes del PP no se la crean. En lugar de reflexionar sobre por qué no consiguen que los ciudadanos andaluces confíen en ellos para dirigir la comunidad, el PP ha decidido inventarse una realidad distinta y actuar con base en ella. Si los ciudadanos andaluces tienen miedo del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, tenemos que convencerles de que tienen que tener más miedo del Gobierno del PP en España y que, por su propio interés, deben cambiar el sentido de su voto.
La dirección del PP ha descartado que pueda convencer a los ciudadanos andaluces para que voten a dicho partido. Lo que quiere es vencerlos, forzándoles la voluntad y consiguiendo mediante la amenaza del estrangulamiento económico del Gobierno de la comunidad que los ciudadanos se resignen a la victoria del PP.
Es la primera vez que en España se celebran unas elecciones autonómicas en estas condiciones. Hasta el momento los Gobiernos nacionales, de cualquier color que fuera, podían haber favorecido las opciones regionales que le fueran afines en las consultas autonómicas, pero una agresión de esta naturaleza no se había visto en la democracia española.
Lo que está en juego no creo que precise ser subrayado. Ningún Estado políticamente descentralizado puede operar con amenazas de esta naturaleza en medio de un proceso electoral.