El Consell fía a la iniciativa privada el 40% de la inversión en infraestructuras hasta 2010

El Consell ha elaborado un Plan Director de Infraestructuras que recoge las obras que deben acometerse de forma prioritaria entre 2004 y 2010 cuyo coste estimado ronda los 15.000 millones de euros, una cantidad que desborda con creces la capacidad inversora de la Consejería de Infraestructuras y Transporte. José Ramón García Antón, consejero del ramo, presentó ayer la propuesta a la cúpula de la Confederación Empresarial Valenciana acompañada de una batería de modelos de gestión que fueron acogidas de buen grado por los empresarios.

La Consejería de Infraestructuras dispone de un presup...

El Consell ha elaborado un Plan Director de Infraestructuras que recoge las obras que deben acometerse de forma prioritaria entre 2004 y 2010 cuyo coste estimado ronda los 15.000 millones de euros, una cantidad que desborda con creces la capacidad inversora de la Consejería de Infraestructuras y Transporte. José Ramón García Antón, consejero del ramo, presentó ayer la propuesta a la cúpula de la Confederación Empresarial Valenciana acompañada de una batería de modelos de gestión que fueron acogidas de buen grado por los empresarios.

El plan director de infraestructuras prevé una inversión de 15.000 millones

La Consejería de Infraestructuras dispone de un presupuesto de inversiones para 2004 en torno a los 550 millones de euros, el plan de infraestructuras que todavía perfila el Consell hasta 2010 tendría un coste estimado de 15.000 millones de euros y los fondos europeos que viene recibiendo la Comunidad Valenciana por su condición de territorio Objetivo 1 se agotan en 2006. La conclusión la ofreció un portavoz oficial de la CEV después de la reunión con García Antón: "La falta de presupuesto público no debe dificultar la ejecución de obras necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana".

El consejero avanzó ante los periodistas algunas fórmulas posibles para implicar a inversores privados en la ejecución de obras públicas y citó casos concretos. La prolongación de la CV-35 desde Llíria hasta la localidad de Casinos, por ejemplo, donde la intensidad de tráfico estimada es muy notable, según fuentes oficiales, se convertiría en la primera carretera donde la Generalitat utilizaría el denominado peaje en la sombra para garantizar la inversión de los promotores privados. Un modelo por el que la Generalitat pagará al concesionario una cantidad por cada vehículo que transite por la vía hasta amortizar la inversión inicial. El éxito del modelo reside en el volumen de tráfico que acoja la carretera.

Pero los nuevos sistemas de financiación se extenderán a obras en depuradoras. El canon de saneamiento que pagan los vecinos trasladaría el porcentaje destinado a amortizar la inversión pública a compensar a los promotores privados.

Sobre el papel, los usuarios de carreteras o depuradoras no se verán afectados por los nuevos sistemas de financiación de obras públicas. Y el Consell evita el recurso a la deuda para acometer inversiones necesarias o al método alemán de pago aplazado que compromete la capacidad de maniobra en ejercicios futuros.

La circunvalación de Alicante, que prevé obras para construir hasta un centenar de kilómetros de carreteras, desvíos y accesos, se financiará a través de un peaje que sólo pagarán los vehículos en viajes de largo recorrido a lo largo de la A-7 que utilicen el tramo libre para evitar la ciudad de Alicante y reincorporarse a la autopista para continuar su ruta.

La empresa Subus, concesionaria de los transportes públicos en la ciudad de Alicante, aspira a la gestión de una nueva línea del Tram de Alicante, que combina tramos subterráneos con otros en superficie, y se ha ofrecido para compartir la financiación de las obras, según fuentes oficiales, que sugieren que una disposición abierta a cualquier tipo de ofertas similares.

La entidad que gestionará los nuevos sistemas de financiación fue creada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2004 bajo la denominación de Gestor de Infraestructuras de Transporte Terrestres y el instrumento legal que ampara la propuesta que García Antón trasladó a la cúpula de la CEV es la nueva ley de concesiones, que extiende la gestión privada de concesiones públicas a las grandes obras de infraestructura.

García Antón ya había abordado hace meses los nuevos modelos de financiación con los responsables de Fecoval, la Federación de Contratitas Valencianos, que acogieron con interés la propuesta. Ayer extendió la invitación al comité ejecutivo de la CEV sobre un plan de infraestructuras que, reiteró, "todavía no es definitivo" y abarca actuaciones urbanas o en costas y puertos.

La posibilidad de "experimentar" nuevas fórmulas de financiación también fue bien recibida por la CEV, según un portavoz de los empresarios.