Política de palabras
No es la primera vez que el Gobierno de Aznar clama contra las subidas de precios de los combustibles, presuntamente desmandados por decisión de las compañías petroleras. De hecho, es costumbre del Ejecutivo invocar o apelar a las empresas -no sólo a las energéticas; también a las de servicios, por ejemplo, hoteleras- para que moderen los precios cuando la inflación amenaza con dispararse. En esta ocasión, el secretario de Estado de Energía, José Folgado, ha acusado a las petroleras de seguir una política "irresponsable" en materia de precios, ha esparcido dudas sobre la hipótesis de que pacte...
No es la primera vez que el Gobierno de Aznar clama contra las subidas de precios de los combustibles, presuntamente desmandados por decisión de las compañías petroleras. De hecho, es costumbre del Ejecutivo invocar o apelar a las empresas -no sólo a las energéticas; también a las de servicios, por ejemplo, hoteleras- para que moderen los precios cuando la inflación amenaza con dispararse. En esta ocasión, el secretario de Estado de Energía, José Folgado, ha acusado a las petroleras de seguir una política "irresponsable" en materia de precios, ha esparcido dudas sobre la hipótesis de que pacten los precios y ha anunciado que remitirá los datos al Servicio de Defensa de la Competencia para que los investigue. El hecho que ha desatado estas iras es que el precio del gasóleo de automoción está subiendo en dos céntimos de euro por litro por encima de la media europea.
Poco debe sorprender que la autoridad pertinente presione para que bajen los precios. Lo que es más sorprendente es que se pretenda resolver con palabras lo que debería abordar con una política eficaz de aumento de la competencia en el mercado de los combustibles. El propio Folgado reconoce que las medidas presentadas por el Gobierno como el remedio milagroso para aumentar la transparencia del mercado -limitar el número de estaciones de servicio que pueden tener las petroleras en propiedad y hacer públicos los precios- "no están dando los resultados deseados".
El mejor modo para saber si las acusaciones del secretario de Estado están fundadas o no es que Defensa de la Competencia investigue los precios y dé cuenta de los resultados de sus pesquisas. Y si tiene razón, el Gobierno debería pensar en soluciones más eficaces para introducir la competencia en el mercado. Dispone de una panoplia extensa, desde facilitar la distribución de carburantes en las zonas comerciales hasta estimular la entrada de empresas extranjeras en la red española de distribución. Un paso en esa dirección sería más creíble y demostraría un interés más auténtico por la competencia que las imprecaciones periódicas.