La Generalitat intenta frenar las obras del trasvase del Ebro y recurre el proyecto

El Gobierno de la Generalitat ha acordado interponer un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del expediente de información pública y el proyecto del trasvase del Ebro y ha pedido que se suspenda el inicio de las obras hasta que esté resuelta esta demanda. El recurso se dirige contra la resolución por la que la Secretaría de Estado de Agua aprobó el 13 de noviembre pasado el expediente de información pública del Plan Hidrológico y el proyecto de transferencias de agua, con un presupuesto de 4.091 millones de euros, según informó ayer el Gobierno catalán.

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El Gobierno de la Generalitat ha acordado interponer un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del expediente de información pública y el proyecto del trasvase del Ebro y ha pedido que se suspenda el inicio de las obras hasta que esté resuelta esta demanda. El recurso se dirige contra la resolución por la que la Secretaría de Estado de Agua aprobó el 13 de noviembre pasado el expediente de información pública del Plan Hidrológico y el proyecto de transferencias de agua, con un presupuesto de 4.091 millones de euros, según informó ayer el Gobierno catalán.

El Ejecutivo de CiU basa la presentación del recurso en que el Gobierno no ha aprobado el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro ni el caudal mínimo para trasvasar agua y en que, además, no ha estudiado las alternativas al trasvase, como está previsto en el Plan Hidrológico Nacional.

En opinión del Ejecutivo catalán, la resolución incumple el Plan Hidrológico porque no fija "las condiciones para asegurar el desarrollo de las funciones ecológicas del río, el delta y el ecosistema marino próximo, junto con un caudal adicional para asegurar la satisfacción de los requerimientos medioambientales del sistema". En esos mismos argumentos se basó el Gobierno de la Generalitat para justificar el recurso que el pasado mes presentó contra el estudio de impacto ambiental del Plan Hidrológico Nacional y sus alegaciones y enmiendas contra el trasvase.

El Gobierno en funciones de la Generalitat decidió también encargar al Consell Consultiu un dictamen sobre la constitucionalidad de la ley llevada al Congreso por el PP para regular el sector ferroviario. El Ejecutivo catalán tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos de sus preceptos que, supuestamente, invadirían las competencias recogidas en el Estatut en materia de transporte y planificación ferroviaria.