El informe pide más plazas de educación infantil

La enseñanza, con 135 quejas, y el valenciano, con 326, ocupan buena parte del informe del Síndic de Greuges. Respecto a la primera, las protestas de los ciudadanos se refieren a cuestiones como el transporte y los comedores escolares, las aulas prefabricadas o los sistemas y criterios de admisión de alumnos. También se registran muchas quejas sobre la educación infantil, para niños de 0 a tres años. Sobre este asunto, señala: "Esta institución no puede dejar de hacerse eco de la preocupación social existente al respecto, de ahí que se vea obligada a sugerir la necesidad de incrementar signifi...

La enseñanza, con 135 quejas, y el valenciano, con 326, ocupan buena parte del informe del Síndic de Greuges. Respecto a la primera, las protestas de los ciudadanos se refieren a cuestiones como el transporte y los comedores escolares, las aulas prefabricadas o los sistemas y criterios de admisión de alumnos. También se registran muchas quejas sobre la educación infantil, para niños de 0 a tres años. Sobre este asunto, señala: "Esta institución no puede dejar de hacerse eco de la preocupación social existente al respecto, de ahí que se vea obligada a sugerir la necesidad de incrementar significativamente esta oferta educativa en los próximos años".

Sobre los barracones, y a raíz de una queja, el informe señala que es comprensible que haya etapas de provisionalidad debidas a la adaptación del sistema educativo a las determinaciones de la LOGSE, pero precisa que "no pueden alargarse indefinidamente, ya que ello perjudica la calidad de la enseñanza de los alumnos que han de soportarlos y les coloca en situación de desigualdad respecto de otros alumnos" y añade que si los trámites no son ágiles se corre "el riesgo de que pasen toda su etapa educativa en situación de provisionalidad".

Respecto al uso del valenciano, tras exponer numerosas quejas de ciudadanos que han visto cercenado su derecho a utilizar la lengua autóctona en sus relaciones con la Administración, el Síndic señala que "la limitación de medios humanos y materiales condiciona inevitablemente la normalización lingüística del valenciano, pero no exime a la Administración pública de dar una respuesta razonable a los ciudadanos" que pretenden hacerlo efectivo.