El Gobierno pide la nulidad de la consulta sobre la Comisión Arbitral al Constitucional
El Gobierno vasco ha planteado al Tribunal Superior de Justiticia que declare nula la decisión que adoptó el pasado 6 de noviembre de plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la ley que creó en 1994 la Comisión Arbitral. Este órgano paritario resuelve extrajudicialmente los conflictos de competencias entre las instituciones del País Vasco. En respaldo de su petición, el Ejecutivo alega que, siendo parte interesada en el litigio que dio lugar a la consulta, no ha sido escuchado previamente por el Tribunal Superior, como lo prevé la legis...
El Gobierno vasco ha planteado al Tribunal Superior de Justiticia que declare nula la decisión que adoptó el pasado 6 de noviembre de plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la ley que creó en 1994 la Comisión Arbitral. Este órgano paritario resuelve extrajudicialmente los conflictos de competencias entre las instituciones del País Vasco. En respaldo de su petición, el Ejecutivo alega que, siendo parte interesada en el litigio que dio lugar a la consulta, no ha sido escuchado previamente por el Tribunal Superior, como lo prevé la legislación.
La consulta al Tribunal Constitucional fue acordada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior antes de entrar a estudiar un recurso planteado por la Diputación de Álava contra una resolución de la Comisión Arbitral que en febrero dio la razón al Gobierno en el conflicto que mantiene con las diputaciones sobre la competencia del control de tráfico en las carreteras. La Diputación recibió en octubre otro pronunciamiento adverso y anunció que lo acataría. Aunque la ley de la Comisión Arbitral señala que las resoluciones de este órgano tienen "caracter definitivo" y no cabe "interponer recurso alguno contra ellas", la Diputación alavesa llevó aquel primer fallo al Tribunal Superior. Argumentó que esta disposición podía entrar en contradicción con el artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y que la resolución del órgano arbitral es un acto administrativo y que, como tal, tiene que estar sujeto al control judicial por la vía contencioso administrativa.
Por su parte, el Gobierno considera que el Superior le ha producido "una evidente indefensión" al no darle audiencia en el proceso de decisión de consultar al Constitucional, siendo parte del mismo, por lo que reclama la nulidad del auto por el que se plantea la cuestión de constitucionalidad.
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