Eslabón débil
La admisión a trámite por el Tribunal Superior del País Vasco del recurso presentado por la Diputación de Álava contra la aprobación por el Gobierno vasco de la propuesta de Ibarretxe sólo significa que el tribunal se considera competente para pronunciarse sobre los motivos del recurso, sin entrar a valorar su contenido. Sin embargo, la decisión es relevante porque, con independencia de lo que resuelva en su día el tribunal, el recurso incide en un punto débil de la propuesta: su difícil compatibilidad con la realidad institucional y política de Álava. Y sin Álava, no hay ...
La admisión a trámite por el Tribunal Superior del País Vasco del recurso presentado por la Diputación de Álava contra la aprobación por el Gobierno vasco de la propuesta de Ibarretxe sólo significa que el tribunal se considera competente para pronunciarse sobre los motivos del recurso, sin entrar a valorar su contenido. Sin embargo, la decisión es relevante porque, con independencia de lo que resuelva en su día el tribunal, el recurso incide en un punto débil de la propuesta: su difícil compatibilidad con la realidad institucional y política de Álava. Y sin Álava, no hay plan Ibarretxe.
La diputación sostiene que la propuesta modifica unilateralmente el régimen foral privativo de Álava que el Estatuto garantiza, por lo que, antes de darle vía libre, el Gobierno vasco tenía que haber consultado a las instituciones de ese territorio, según establece el propio Estatuto. Como en el caso de la impugnación ante el Constitucional, existe la duda, expresada en dos votos particulares, de si el recurso ha sido planteado en el momento procesalmente oportuno: en relación al acto por el que se acuerda iniciar un trámite parlamentario, y si ese acto político es de tal naturaleza que pueda ser objeto de control jurisdiccional. Los jueces decidirán.
La discusión sobre cuestiones procesales no debería impedir debatir políticamente, sin esperar a que se pronuncien los tribunales, sobre el fondo de los asuntos planteados. Por ejemplo: aunque sea muy cuestionable la vía seguida por el Gobierno de Aznar para impugnarla, casi nadie discute que existe un fraude de ley en el intento de camuflar una reforma constitucional tras la del Estatuto planteada por Ibarretxe. Los nacionalistas, sin embargo, rehúyen hablar de ello, a la vez que protestan por lo que consideran intento de evitar el debate político.
Lo mismo ocurre con la cuestión planteada por la diputación alavesa. Con independencia de cúal sea el momento adecuado para recurrirlo, la eventual aprobación del plan Ibarretxe alteraría los fundamentos del pacto interno, entre territorios, que subyace al Estatuto de Gernika; lo cual tiene gran trascendencia a la vista de la realidad de Álava. Ibarretxe se ha comprometido a desistir si su propuesta no es convalidada en los tres territorios. En el conjunto de elecciones en los últimos 10 años, la media del voto nacionalista ha sido en Álava del 39%. En esas condiciones, sabiendo que es del todo improbable que la reforma sea refrendada en al menos esa provincia, y que, por tanto, el plan quedaría varado, ¿no resulta irresponsable someter a la sociedad vasca y al Estado autonómico a tensiones como las suscitadas por la propuesta?
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