Estado de derecho, crecimiento y equidad

La reforma judicial orientada a consolidar el Estado de derecho es parte central de la agenda de desarrollo de los países de América Latina, pues se la considera condición indispensable para el crecimiento y la equidad. Esta noción, que nos puede parecer obvia, era una novedad hace apenas 10 años y hoy es una premisa ampliamente aceptada en medios académicos y políticos, y una convicción arraigada en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que en la última década han emprendido importantes reformas en sus sistemas judiciales.

La búsqueda del Estado de derecho aparece cada vez má...

La reforma judicial orientada a consolidar el Estado de derecho es parte central de la agenda de desarrollo de los países de América Latina, pues se la considera condición indispensable para el crecimiento y la equidad. Esta noción, que nos puede parecer obvia, era una novedad hace apenas 10 años y hoy es una premisa ampliamente aceptada en medios académicos y políticos, y una convicción arraigada en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que en la última década han emprendido importantes reformas en sus sistemas judiciales.

La búsqueda del Estado de derecho aparece cada vez más como un requisito esencial, no sólo porque aporta condiciones de seguridad jurídica para bienes, personas y transacciones, sino porque también establece bases para lograr la equidad, ya que la falta de acceso a la justicia, que normalmente afecta más a los sectores populares, es uno de los factores más odiosos de exclusión social.

Hay que reconocer las complejidades y limitaciones de una tarea que es de largo aliento, ya que la construcción del Estado de derecho es parte del proceso más amplio de consolidación del sistema democrático. Como la experiencia enseña, no todo Estado de derecho es Estado de derecho democrático, cuya construcción es el mayor desafío del desarrollo de los países de la región. En efecto, no habrá confianza y seguridad jurídica sin confianza y estabilidad política democrática de largo plazo que elimine el riesgo de cambios abruptos en las reglas del juego. Éste es el razonamiento íntimo que ha llevado el tema de la gobernabilidad democrática a la agenda de los bancos de desarrollo y de los gobiernos de la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo, que me honro en presidir, comenzó a incursionar en este campo cuando muchos pensaban que era preocupación reservada a jueces y abogados. En una década hemos volcado a la región unos 550 millones de dólares destinados a programas para consolidar el Estado de derecho, y el tema es hoy parte de una agenda pública más vasta y cuenta con la activa participación de distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos de diversas disciplinas. Es, entonces, un tema apropiado por el conjunto de las sociedades de la región, como lo pude comprobar en la tercera conferencia sobre Justicia y Desarrollo que se realizó este año en Quito, Ecuador.

La tarea dista de ser fácil y no se limita a la modernización y modificación de las leyes, sino que debe contemplar también los procesos y las instituciones encargadas de su aplicación.

Un Estado moderno y democrático es condición indispensable para un mercado eficiente y para la construcción de sociedades más justas, y constituye la base de todo consenso social básico capaz de sustentar y fomentar una cultura de inversión, de trabajo, de responsabilidad y de solidaridad.

La reforma del Estado debe apuntar a su modernización y a nuevas formas de articulación con la sociedad, preservando la responsabilidad pública de establecer las reglas de juego para el funcionamiento del mercado y en particular corregir sus imperfecciones, sobre todo aquellas que limitan la competencia e impiden una distribución del ingreso socialmente aceptable.

En ese esfuerzo estamos todos comprometidos en América Latina: sector público, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional.

Enrique V. Iglesias es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.