El sector inmobiliario asume el reto de Camps
En su papel de candidato a la Generalitat, el hoy presidente Francisco Camps lanzó un órdago descomunal: prometió poner al alcance de los ciudadanos cien mil viviendas, en su mayor parte protegidas y de nueva construcción. Quien más quien menos lo calificó de farol propio de la contienda electoral. Y, por supuesto, en el seno del PP pocos o nadie creyó que esta demasía llegase a ramos de bendecir. Al fin y al cabo, si no se alcanzaba la citada cifra salvarían la cara con otra inferior. En el gremio de la promoción inmobiliaria tampoco se disparó el optimismo y se limitaron a ser condescendient...
En su papel de candidato a la Generalitat, el hoy presidente Francisco Camps lanzó un órdago descomunal: prometió poner al alcance de los ciudadanos cien mil viviendas, en su mayor parte protegidas y de nueva construcción. Quien más quien menos lo calificó de farol propio de la contienda electoral. Y, por supuesto, en el seno del PP pocos o nadie creyó que esta demasía llegase a ramos de bendecir. Al fin y al cabo, si no se alcanzaba la citada cifra salvarían la cara con otra inferior. En el gremio de la promoción inmobiliaria tampoco se disparó el optimismo y se limitaron a ser condescendientes. En cuanto a los partidos de la oposición, se limitaron a montar el trabuco esperando el incumplimiento. Y mientras, todos creímos que la promesa se diluía aventada por otras urgencias y desavenencias.
Sin embargo, acabamos de comprobar que el silencio en torno a este capítulo programático no encubría otra cosa que la discreción. De nuevo, el consejero "conseguidor" o milagrero, decimos del titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, se había puesto a la faena y prueba de ello es el proyecto que acaba de presentar esta semana para construir 10.000 viviendas de protección oficial, el 10% de las cuales se destinará a alquiler para gente joven. La operación será ejecutada por una sociedad, Sol i Vivendes Valencianes, coparticipada por el Instituto de la Vivienda (IVVSA) y Bancaja, que invertirá más de 600 millones de euros.
Nos consta que el sector indígena de la promoción inmobiliaria alimentó toda suerte de reticencias hasta los momentos previos a la presentación del Plan. De un lado no veía clara esta coyunda entre la entidad financiera y la Administración y, lo que le resultaba más insólito, tampoco había sido convocado según la práctica habitual del anterior Consell. Esto es, mediante el cornetín de órdenes y con la obligación de no faltar a la lista. Sin embargo, las renuencias cedieron ante la perspectiva de quedarse marginados de esta vasta iniciativa o negocio que se alumbraba. Tanto más cuando se les aleccionó que el aludido Plan de Acceso a la Vivienda estaba abierto a cuantas empresas deseasen involucrarse en el mismo. Y, obviamente, nadie de los importantes faltó a la cita.
De lo dicho se desprende, porque casi queda descrito, que con la sola formalidad de presentar la referida empresa de capital mixto se cubrían dos objetivos. El primero de ellos, y más relevante, dotaba de crédito y credibilidad la faraónica promesa electoral. Este mero trámite supone la liberación de suelos ahora cautivos donde construir, o la recalificación de otros nuevos. Con ello no se extirpaba la especulación, pero se abrían alternativas que enriquecían el mercado de la vivienda y disciplinaban los precios. Quizá los beneficios industriales no fuesen tan seductores como los que han venido siendo habituales en la economía del ladrillo, pero el volumen del proyecto garantiza unos años de tajo seguro que el sector interesado contempla como un bálsamo.
Y el otro objetivo: el honorable molt presidente Camps tuvo la oportunidad de comparecer y protagonizar el papel que le corresponde ante el gremio interesado, y de hacerlo sin sutiles admoniciones al personal. Con la ventaja añadida de que éste era su plan, anticipado y avalado a costa de su riesgo político. Los concurrentes, por su parte, también tuvieron la oportunidad de verificar que el poder está domiciliado en el Palau de la Generalitat y que aplica unos usos novedosos en relación con los agentes económicos. Más claro: que se hace tabla rasa de los privilegios adquiridos, o tal es la sensación que se decanta por el momento.
¿Podríamos afirmar como corolario que estamos en el buen camino para solucionar el déficit de vivienda social en el País Valenciano? Por lo pronto, y ya es mucho, se constata una voluntad política por parte de la Generalitat y el interés del segmento promotor inmobiliario. Entidades financieras, municipios y corporaciones han de asumir su cuota en esta apuesta solidaria y ambiciosa en la que todos han de ganar: unos acaso con moderación y otros a espuertas, decimos de los futuros propietarios y usuarios de las viviendas. Ahora sí que estamos ante el más fabuloso de los parques temáticos jamás inventado por estos pagos: 100.000 nuevos hogares en cuatro años.