El Parlamento aprueba la ley que permitirá investigar con células madres embrionarias

El Parlamento andaluz aprobó ayer, con la abstención del PP, la ley presentada por el PSOE que regula la investigación con células madres embrionarias, con la que se establece en Andalucía un marco legal para, junto con otros proyectos, desarrollar un convenio entre la Junta y el director del Instituto Bioenergía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Bernat Soria. Las investigaciones, en virtud de un convenio que se firmó en diciembre y que se concretará cuando la ley entre vigor, se centrarán en los tratamientos de la diabetes y el Parkinson y el campo de la cardiología.

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El Parlamento andaluz aprobó ayer, con la abstención del PP, la ley presentada por el PSOE que regula la investigación con células madres embrionarias, con la que se establece en Andalucía un marco legal para, junto con otros proyectos, desarrollar un convenio entre la Junta y el director del Instituto Bioenergía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Bernat Soria. Las investigaciones, en virtud de un convenio que se firmó en diciembre y que se concretará cuando la ley entre vigor, se centrarán en los tratamientos de la diabetes y el Parkinson y el campo de la cardiología.

El texto legal considera que se podrá investigar con células procedentes de preembriones sobrantes de la fecundación in vitro que no son viables y siempre que superen el límite de congelación de cinco años. Prevé cautelas similares a las recomendadas por el Comité de Ética del Gobierno central, de tal forma que las investigaciones serán aprobadas por el futuro Comité de Investigación con Preembriones Humanos. Este órgano, adscrito a la Consejería de Salud, supervisará que los proyectos se adapten a los requisitos fijados, y asumirá la custodia legal de los preembriones con una base de datos de acceso público, en el que deberán figurar todos los datos relativos a la investigación.

La autorización será siempre exclusiva para cada proyecto, en el que deberá constar el número de embriones a utilizar, el nombre del investigador y el plazo de su desarrollo. También se requerirá la "donación y consentimiento informado de los progenitores", que pueden revocar el permiso. En el caso de que no sean localizables o hayan fallecido, su cesión se realizará por los responsables de los centros de reproducción asistida.

El consejero de Salud, Francisco Vallejo, dijo que nunca ha estado un tema tan cerca de los ciudadanos, tras registrarse un millón de firmas para que se abra la puerta a la investigación de células madres embrionarias. "Nos demuestra que es posible compatibilizar la visión ética de la vida con la esperanza", señaló Vallejo, quien destacó los proyectos de futuro en la medicina de enfermedades degenerativa que, además, situará a Andalucía a la "vanguardia". Según el consejero, la gestación de la ley andaluza ha influido en el cambio de posición del Gobierno central, que ha aprobado la reforma de la ley Reproducción Asistida para permitir investigar con embriones sobrantes, aunque pone límites (tres óvulos) en la fecundación in vitro para evitar que se vuelvan a acumular.

"Arbitrario"

Éste fue uno de los argumentos de la popular Esperanza Oña para criticar la norma, ya que, a su juicio, es perfectamente razonable fijar en un número de tres los óvulos en la fecundación, al tiempo que consideró "arbitrario" que se diga que los embriones congelados durante cinco años están caducados. Oña, para quien la ley estatal es mejor que la andaluza, expresó sus dudas de que el Gobierno andaluz tenga competencias para poner en marcha su normativa.

El pleno de la Cámara aprobó ayer también la ley de Flora y Fauna, pese a que todos los grupos, a excepción del PSOE, criticaron la norma, especialmente en lo que respecta a la caza y la pesca. No obstante, la ley no recibió ningún voto en contra, ya que los populares e Izquierda Unida se abstuvieron y el PA la apoyó. La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, quien cerró el debate, destacó las modificaciones que incorpora el texto final, fruto, aseguró del trámite parlamentario en comisión y de los acuerdos alcanzados con las asociaciones de caza y pesca, que han derivado en "una ley para todos", que garantiza el aprovechamiento de los montes, la conservación y el disfrute de la naturaleza a los ciudadanos.

Entre los aspectos limados figura la superficie mínima para la constitución de los cotos de caza, que pasa a ser de 250 hectáreas si el aprovechamiento es la caza menor, y 500 si es la mayor. Los cotos deportivos deben tener 500 hectáreas como mínimo para la caza menor y 1.000 para la mayor. Los cercados cinegéticos de gestión, sin embargo, se mantienen como en el texto inicial: 2.000 hectáreas de mínimo.

También se suaviza en el terreno de la vigilancia el acceso de los agentes de medio ambiente a todos los terrenos, al incorporar una enmienda del PA que añade que los propietarios deberán recibir una notificación al día siguiente de la inspección, así como lo relativo al aprovechamiento cinegético cuando aparezcan venenos y cepos.

El grupo popular fue el más duro con la ley. De hecho, presentó una enmienda a la totalidad el pasado mes de marzo, que fue rechazada, al estimar que existen muchos conceptos imprecisos que caen en "la inseguridad jurídica", por lo que considera la ley difícilmente aplicable. La portavoz popular, Carolina Fernández Vigo, dijo que el PSOE ha mantenido una postura "radical" durante la tramitación de la ley y sólo ha admitido enmiendas de poco calado. Para el PP la ley de Flora y Fauna es una "tapadera" para regular la caza sin necesidad de una ley específica.

La ley de Flora y Fauna empezó a gestarse en 1996 y desde entonces se han hecho hasta ocho borradores.