El Congreso aprueba la nueva ley de Extranjería mientras el Gobierno ya negocia el reglamento

Según el guión previsto de antemano por el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, el pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la ley de Extranjería, la tercera desde que manda el PP, con un apoyo del 95% de la Cámara. Los partidos mayoritarios rechazaron todas las enmiendas que quedaban vivas al texto legal, que consagra el visado como el documento básico para que un inmigrante viva legalmente en España, agiliza las expulsiones y limita la reagrupación familiar. El texto sale adelante mientras el Gobierno negocia ya el nuevo reglamento para que entre en vigor en enero, de la mano de la nueva...

Según el guión previsto de antemano por el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, el pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la ley de Extranjería, la tercera desde que manda el PP, con un apoyo del 95% de la Cámara. Los partidos mayoritarios rechazaron todas las enmiendas que quedaban vivas al texto legal, que consagra el visado como el documento básico para que un inmigrante viva legalmente en España, agiliza las expulsiones y limita la reagrupación familiar. El texto sale adelante mientras el Gobierno negocia ya el nuevo reglamento para que entre en vigor en enero, de la mano de la nueva ley.

La reforma estaba pactada y requetepactada por el Gobierno y el PSOE, de forma que, una vez admitidas 20 enmiendas socialistas en comisión, el pasado día 24, la ley quedó cerrada y vista para sentencia. El trámite en el Congreso quedó cerrado inicialmente ayer sin debate, sólo con la exposición de las posturas de los grupos parlamentarios y la votación.

El PP y los socialistas rechazaron todas las enmiendas que quedaban vivas y unieron fuerzas para la votación final del conjunto de la reforma. Resultado: 254 votos a favor, 14 en contra y la abstención de Convergència i Unió, que aún aspira a que alguna de sus enmiendas puedan ser admitidas en el paso de la ley por el Senado. Si la Cámara alta no toca el texto, éste no tendrá que regresar al Congreso y podría entrar en vigor, sin más trámites, el próximo mes de enero.

El Gobierno pretende que esta nueva reforma se ponga en marcha a la vez que el nuevo reglamento. Para ello ya ha iniciado negociaciones con los sindicatos para elaborar la norma subsidiaria de la ley, que tendrá que ser casi totalmente nueva, entre otros motivos porque se ha quedado sin gran parte de su articulado que fue declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo. El Gobierno ha invitado a los socialistas a transmitirle sus sugerencias sobre el reglamento.

Durante el trámite de ayer, el Grupo Mixto e Izquierda Unida se emplearon con dureza contra la reforma, que Felipe Alcaraz calificó como "cargada de xenofobia preventiva y muy represiva por estar basada en motivos policiales". El diputado de CiU Carles Campuzano reprochó al Gobierno que no haya sido capaz de admitir ninguna de sus correcciones al texto para otorgar a las comunidades autónomas una participación en la gestión de los flujos migratorios.

Integración social

Los socialistas, por boca de Consuelo Rumí, responsable de asuntos sociales y migratorios, justificó el apoyo a la ley en las mejoras que ha logrado introducir y en la necesidad de asentar "la lucha contra la irregularidad, fomentar la inmigración legal ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y apostar por la integración social de los inmigrantes".

Rumí, que insistió que su partido mantiene el recurso de inconstitucionalidad contra la limitación de derechos que contiene la ley, valoró el talante de diálogo del Gobierno en este sentido, pero lamentó que no hubiera descubierto antes las bondades del pacto.

Ya fuera del hemiciclo, el ministro del Interior, Ángel Acebes -en la Cámara la ley fue defendida por la popular Ángeles Muñoz-, subrayó que la normativa ha recibido "el respaldo del 95% del Congreso" y explicó que en lo que va de año España ha expulsado a sus países a 70.000 irregulares y ha desarticulado 500 redes de tráfico de inmigrantes.

El texto aprobado ayer no contempla ninguna nueva regularización de inmigrantes irregulares (IU la pidió para "los 600.000 irregulares que ya están aquí") y endurece las condiciones de entrada. El visado se convierte en el documento base para vivir legalmente en España, lo que simplifica los trámites pero también pone la primera barrera a la extranjería en los consulados españoles en los países de origen de los inmigrantes.

Además, limita la reagrupación familiar, facilita el acceso policial a datos sobre los extranjeros (en compañías de transportes y el padrón municipal) y permite denunciar por competencia desleal a los empresarios que contraten a sin papeles.