Rasguños judiciales

"Hay que acabar con el amiguismo y la corrupción que tanto han practicado los convergentes". Con esta imperativa exhortación, un destacado dirigente político se presentaba en 1988 ante sus militantes como el paladín capaz de acabar con las componendas que, a su entender, practicaba la Administración de Jordi Pujol. Catorce años después, el autor de la frase -entonces secretario general del CDS- se convirtió en el consejero que acumula más competencias en los 23 años de gobiernos de Convergència i Unió. Y precisamente al frente de los departamentos más salpicados por presuntos casos de corrupci...

"Hay que acabar con el amiguismo y la corrupción que tanto han practicado los convergentes". Con esta imperativa exhortación, un destacado dirigente político se presentaba en 1988 ante sus militantes como el paladín capaz de acabar con las componendas que, a su entender, practicaba la Administración de Jordi Pujol. Catorce años después, el autor de la frase -entonces secretario general del CDS- se convirtió en el consejero que acumula más competencias en los 23 años de gobiernos de Convergència i Unió. Y precisamente al frente de los departamentos más salpicados por presuntos casos de corrupción.

Antoni Fernández Teixidó -consejero de Industria, Trabajo, Comercio, Consumo y Turismo- debía de tener sus razones para lanzar tan directa acusación y terminar militando en el partido que tanto denostaba. Pero lo cierto es que CiU ha copado la Administración catalana durante más de dos décadas y ningún consejero de la Generalitat ha sido condenado por los jueces en el ejercicio de su cargo. Jordi Planasdemunt sí lo fue. Pero 11 años después de haber dimitido como consejero de Economía.

En 23 años de gobierno de Convergència i Unió, ningún consejero de la Generalitat ha sido condenado en el ejercicio de su cargo

El presidente catalán culpó a la oposición y a la prensa de "inmensas y tremendas" campañas contra los consejeros Cullell y Roma

Reacio a dimitir, Planasdemunt ya ocupaba una celda en la cárcel Modelo cuando Jordi Pujol le destituyó en 1992 como director general del Instituto Catalán de Finanzas. Se le condenó por una estafa de más de 2.000 millones de pesetas a través de una emisión de pagarés falsos.

La experiencia le valió al presidente catalán para no andarse con remilgos en el futuro. Los consejeros de Política Territorial Josep Maria Cullell y Jaume Roma cesaron automáticamente de sus cargos. Fueron las primeras denuncias públicas por tráfico de influencias. Al cabo de los años, ambos eran exonerados por la justicia. Cullell no llegó siquiera a estar imputado porque el juez rechazó como prueba unas conversaciones telefónicas en las que supuestamente mediaba a favor de su cuñado en la recalificación de unos terrenos en Sant Pere de Torelló. A Roma -el consejero efímero, porque permaneció siete meses en el cargo- se le acusó de beneficiar a una empresa que le había construido su chalet de Canovelles. Pujol, a quien no le tembló la mano al aceptar sus dimisiones, años después culparía a la prensa y a la oposición de haber "truncado sus carreras políticas".

Pujol ha insistido, con más empeño que eficacia, en acusar a estos dos colectivos de "inmensas y tremendas" campañas. Y se considera destinatario de este "acoso y derribo". Ya en la campaña electoral de 1999 afirmaba: "He sido el político más investigado de este país, del derecho y del revés, y nunca me han encontrado nada. Ni un solo rasguño judicial".

Heridas profundas quizá no, pero rasguños, alguno que otro. En el auto de archivo del caso Casinos, el juez consideró una "sospecha fundamentada" que la empresa Casinos-Inverama desvió 3.000 millones de pesetas a Convergència Democràtica para su "mantenimiento, directo o indirecto". Sin embargo, el magistrado no halló ninguna "conducta delictiva" porque el hecho, sostuvo, no atentaba contra el "interés social".

La condena por Filesa

Ese mismo año, 1997, otros en cambio no corrieron la misma suerte. El Tribunal Supremo condenó al entonces parlamentario socialista Josep Maria Sala a tres años de prisión por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE. Sala, sin funciones ejecutivas en el PSC, continúa ocupando un despacho en la sede central del partido, en la calle de Nicaragua.

Convergència puede presumir de que todas las sentencias, por el momento, han sido absolutorias, pero algunas resoluciones e informes judiciales -como el del caso Casinos- han supuesto una advertencia para el partido y el Gobierno.

Otro ejemplo. A finales de 1992, CiU actuaba de sostén del Gobierno de Felipe González. En ese incómodo contexto, el controvertido fiscal general del Estado, Eligio Hernández, montó en cólera al filtrarse un documento acusatorio de la fiscalía contra nada menos que seis consejeros de la Generalitat. Se investigaban las presuntas irregularidades en la concesión de avales a determinadas industrias por parte de la CARIC (Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña), dependiente del Departamento de Industria. Pero la denuncia tuvo que archivarse porque el delito de prevaricación ya había prescrito. Extremo que llevó a la fiscalía a asegurar en su escrito: "A esta fiscalía no le es fácil ocultar su desengaño ante la imposibilidad de reaccionar penalmente frente a conductas de indudable sesgo delictivo, desveladoras de la presencia de un más que cierto aroma de corrupción al que ahora sólo cabe un reproche social".

Ante cualquier denuncia de presunta corrupción o favoritismo, Pujol ha adoptado una actitud defensiva, que ha compactado más su círculo político y familiar. Así sucedió, por ejemplo, en el caso Banca Catalana, o cuando se han cuestionado los negocios de sus hijos y sus relaciones económicas y laborales con la Administración de la Generalitat. Y una siempre protectora Marta Ferrusola ha defendido a ultranza el derecho de sus hijos a "ganarse la vida".

Concretamente, el pasado mes de julio la Sindicatura de Cuentas debía entregar al Parlament una investigación sobre los contratos que Europraxis -una empresa fundada y participada por Josep Pujol Ferrusola- había obtenido de todas las administraciones catalanas. El informe todavía no ha visto la luz por el desgobierno que vive la Sindicatura, situación que el Ejecutivo de Pujol ni el Parlament han puesto fin.

El Parlament también está pendiente de recibir la ampliación del caso Pallerols, que tiene a Unió Democràtica en el punto de mira de los jueces por presunta financiación ilegal a través del desvío de una parte de las ayudas europeas para la formación de parados que repartía el Departamento de Trabajo. La tapadera utilizada para la operación, según certifica la juez instructora, fueron las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols. Aunque la juez asegura en un auto que un porcentaje -el 10% según la fiscalía- de estas subvenciones "se destinaba a la financiación de Unió", la dirección de partido mantiene que, como máximo, Pallerols financió la infraestructura de alguna sede democristiana, pero ni una peseta llegó a la contabilidad general. En este oscuro caso están imputadas un total de seis personas, entre ellas dos ex altos cargos de Trabajo y el ex secretario de organización de Unió.

El caso Pallerols no es el único en fase de instrucción que afecta a la formación democristiana. Dentro de unas semanas se conocerá la acusación del fiscal contra los imputados en el denominado caso Turismo: la contratación de informes turísticos con empresas vinculadas a militantes democristianos, informes que al final resultaron burdos plagios y de nula efectividad. En el centro de esta red se encuentra el ex director del Consorcio de Turismo.

Con todo, el balance de estos 23 años se resume en algunos rasguños judiciales. Pujol ha admitido haberse equivocado en contadas ocasiones. Quizá la más sonada fue cuando definió a Javier de la Rosa como un "empresario modelo". Un financiero condenado y con causas pendientes.