El Parlamento Europeo estudia un proceso a Italia por violación de la libertad de expresión

Los portavoces de la Comisión de Libertades y de Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo han pedido por escrito al presidente de la Cámara, el irlandés Pat Cox, que ponga en marcha los mecanismos legales para lanzar un procedimiento contra Italia por "el riesgo de grave violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información". Si los líderes de la Eurocámara aceptan la solicitud y el proceso sigue adelante hasta sus últimas consecuencias, el año que viene se aplicaría por primera vez el artículo 7 del vigente Tratado de Niza, que contempla la posibilidad de ...

Los portavoces de la Comisión de Libertades y de Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo han pedido por escrito al presidente de la Cámara, el irlandés Pat Cox, que ponga en marcha los mecanismos legales para lanzar un procedimiento contra Italia por "el riesgo de grave violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información". Si los líderes de la Eurocámara aceptan la solicitud y el proceso sigue adelante hasta sus últimas consecuencias, el año que viene se aplicaría por primera vez el artículo 7 del vigente Tratado de Niza, que contempla la posibilidad de suspender a un Estado de su derecho al voto en el Consejo Europeo.

Los portavoces de la Comisión de Libertades sostienen que en los dos años pasados, con Silvio Berlusconi al frente del Gobierno italiano y su control sobre buena parte de los medios de comunicación públicos y privados, se ha producido un claro deterioro en la libertad de expresión, consagrada en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras".

De aplicarse el artículo 7 del Tratado de Niza, la UE abriría contra Italia (que preside este semestre la UE) un procedimiento aún más grave que el que se registró a finales de la década pasada contra Austria, después de la defensa de principios xenófobos por parte de Jörg Haider, cuyo partido, FPO, formaba parte de la coalición gubernamental. Pero aún es muy pronto para conocer las posibles consecuencias de la iniciativa de la citada Comisión, porque debe ser estudiada ahora por la Conferencia de Presidentes (líderes de los grupos parlamentarios) del Parlamento. Hoy se reunirá la conferencia en Estrasburgo, pero cabe la posibilidad de que el asunto sea tratado en una próxima reunión el mes que viene.

La iniciativa partió del eurodiputado griego Alexandros Alavanos y de la parlamentaria francesa Silviane Ainardi, ambos encuadrados en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (el cuarto en la Cámara, con 49 diputados). El lunes pasado, los portavoces de todos los grupos en la citada Comisión de Libertades decidieron por mayoría lanzar la iniciativa, aunque se opuso el representante del Partido Popular Europeo, según comentó ayer la eurodiputada socialista española Anna Terrón, integrante de esa comisión, cuyo presidente es Jorge Hernández Mollar (PP), quien sustituyó en el cargo a la actual ministra española de Exteriores, Ana Palacio.

Tras la reunión, la vicepresidenta de esa Comisión, la liberal holandesa Johanna Boogerd-Quaak, escribió la carta a Pat Cox en la que le piden que, puesto que varios eurodiputados ven ese "riesgo grave de violación de derechos fundamentales", autoricen los líderes parlamentarios la elaboración de "un informe de iniciativa". "Me permito llamar su atención", agrega, "sobre el hecho de que ese informe constituiría un primer caso de puesta de marcha del artículo 7 del Tratado, párrafo 1".

Dura sanción

Ese párrafo señala que, "a propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro" y que, en último término, el Consejo podrá "suspender" derechos de ese Estado afectado como el de votar en las reuniones de ministros de la Unión.

Incluso en el caso de que el procedimiento no llegara muy lejos, la puesta en marcha del mecanismo ya supone un duro golpe para el Gobierno de Berlusconi por la alusión a ese artículo de Niza, calificado de "bomba nuclear" contra un Estado cuando el texto fue aprobado por los líderes europeos en diciembre de 2000.