Sanidad anuncia un nuevo concierto con las clínicas que practican abortos

El secretario autonómico de la Consejería de Sanidad, Marciano Gómez, anunció ayer que mañana se convocará un concurso para concertar la práctica de abortos en clínicas privadas valencianas por un montante total de 870.000 euros al año. Los centros privados que vienen practicando interrupciones voluntarias del embarazo anunciaron el pasado mes que dejarían de realizar operaciones debido a las deudas contraídas por la Administración y a la extinción del concierto de 1993. Gómez afirmó que ahora los pagos están al día y que el concurso "complementa la sanidad pública con la privada".

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El secretario autonómico de la Consejería de Sanidad, Marciano Gómez, anunció ayer que mañana se convocará un concurso para concertar la práctica de abortos en clínicas privadas valencianas por un montante total de 870.000 euros al año. Los centros privados que vienen practicando interrupciones voluntarias del embarazo anunciaron el pasado mes que dejarían de realizar operaciones debido a las deudas contraídas por la Administración y a la extinción del concierto de 1993. Gómez afirmó que ahora los pagos están al día y que el concurso "complementa la sanidad pública con la privada".

Gómez realizó el anunció de la renovación del concierto en el transcurso de la presentación del llamado Circuito Integral para la Atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los tres supuestos legales de intervención (peligro físico y psíquico para la madre, violación y taras físicas del feto). Este circuito pretende ser "una asistencia integral, psíquica y física, aumentando la oferta sanitaria en los hospitales, normalizándola y complementándola con la de los centros privados".

El concierto "será abierto" y se podrán presentar todas las clínicas interesadas. Habrá un proceso de selección "para cubrir los 14 lotes que hay en el mismo (dos para la provincia de Castellón, cinco para Valencia, seis para Alicante, y uno para la dirección territorial de Alcoi)". Gómez dijo desconocer si este concurso supondría un aumento en el número de las clínicas que practican abortos legalmente en la Comunidad Valenciana, que son seis.

Gómez añadió que la decisión de convocar el concurso "para normalizar la situación" con las clínicas privadas "no es un tema económico, sino de aumentar la oferta sanitaria". Dicho concurso se hará público mañana, 22 días después de que el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, reiterara su intención de que los hospitales públicos asuman "el máximo de interrupciones del embarazo". Además de los reiterados objetivos de incremento de la calidad y de la oferta, la Consejería de Sanidad pretende "optimizar recursos" para ahorrar presupuesto.

El pasado año sólo un 1% de las 7.700 interrupciones de embarazo practicas en la Comunidad Valenciana se efectuaron en hospitales públicos. De 1998 al 2001 los abortos se incrementaron en un 60% en la Comunidad Valenciana.

Gómez aseguró que el citado circuito integral podrá absorber los abortos practicados y eludió precisar cuáles serán los hospitales públicos donde se practicarán. En el circuito todas las mujeres que consulten en el centro de orientación familiar por el supuesto de alteración psíquica serán remitidas después a los centros de psiquiatría públicos elegidos (los hospitales Provincial de Castellón, La Fe de Valencia, San Juan de Alicante, y el de La Vila Joiosa) y si el informe es positivo irán al hospital del área o se remitirá a la paciente a un centro concertado.

La novedad de que los hospitales públicos emitirán los informes psiquiátricos ha sido muy criticada por la oposición al considerar que es una medida coercitiva que pretende limitar los abortos y que provocará desigualdades, ya que las mujeres con más recursos irán a la privada para evitar obstáculos.

Fuentes de las clínicas privadas consideran que la renovación del concierto es positiva, si bien señalaron que hay que esperar a conocer bien las condiciones del mismo. CC OO indicó que el anunciado circuito no es más que un rediseño que sólo se preocupa del supuesto de la salud psíquica, con lo que "está cuestionando la labor profesional de las clínicas que lo venían haciendo". El sindicato insistió en que la Generalitat siempre se ha escudado en la objeción de conciencia de los profesionales para no asumir el aborto legal en el sistema público.