Sanidad tiene un déficit de 2.500 millones de euros
El presupuesto del Departamento de Sanidad no alcanza para pagar la atención sanitaria de los catalanes, con lo que el sistema se endeuda día a día. A finales de 2002, la deuda acumulada ya superaba los 2.577 millones de euros, lo que supone el 47% del presupuesto del departamento. Esta cifra, facilitada ayer por el PSC, coincide con la que maneja el Gobierno de CiU, que ayer no quiso hacer comentarios al respecto.
La deuda de la sanidad catalana ha sido tradicionalmente uno de los principales elementos de déficit presupuestario de la Generalitat y, lejos de reducirse, va camino de incr...
El presupuesto del Departamento de Sanidad no alcanza para pagar la atención sanitaria de los catalanes, con lo que el sistema se endeuda día a día. A finales de 2002, la deuda acumulada ya superaba los 2.577 millones de euros, lo que supone el 47% del presupuesto del departamento. Esta cifra, facilitada ayer por el PSC, coincide con la que maneja el Gobierno de CiU, que ayer no quiso hacer comentarios al respecto.
La deuda de la sanidad catalana ha sido tradicionalmente uno de los principales elementos de déficit presupuestario de la Generalitat y, lejos de reducirse, va camino de incrementarse. De hecho, en los últimos años, éste se ha incrementado a un ritmo de entre 300 y 420 millones de euros anuales, y en este ejercicio podría batir su propio récord.
En el primer trimestre de este año, según la documentación entregada al Parlament por los responsables de Sanidad, el déficit podría alcanzar ya los 70.000 millones de pesetas, el previsto para el conjunto del año. En el pasado ejercicio, por estas mismas fechas el balance del Departamento de Sanidad arrojaba, según los socialistas, un superávit de 23 millones de euros.
Ante estas cifras, el Departamento de Economía y Finanzas ha tenido que recurrir año tras año al sistema de trasladar las facturas impagadas a los presupuestos del ejercicio siguiente. Según los datos entregados ayer por la diputada del PSC Carme Figueras, el volumen de estas facturas impagadas a finales del año pasado era de 1.133 millones de euros, el doble que en 1997.
Estos datos, que ayer no quisieron comentar ni los responsables del Departamento de Sanidad ni del de Economía, coinciden casi en su totalidad con los que barajan los técnicos de estos departamentos. Pero hay matices importantes. Mientras que el PSC considera que el déficit crece a un ritmo de unos 360 millones de euros al año, fuentes de la Generalitat incluso elevan esta cifra hasta 480 millones de euros. De ser así, la deuda de la sanidad pública catalana aumentaría casi 1,5 millones de euros al día.
Ante este panorama, la responsable de política sanitaria del PSC, Carme Figueras, denunció ayer la "mala gestión" que en su opinión ha llevado a cabo el Gobierno de CiU en sus 23 años al frente de la Generalitat, una gestión plagada de "chanchullos", "favoritismos" y "clientelismo".
Figueras calificó de "muy preocupante" la falta de transparencia respecto a la contratación de servicios a empresas privadas "propiedad de destacados miembros de CiU o dirigidas por ellos", para llevar a cabo pruebas de diagnóstico, rehabilitación y análisis clínicos.
La diputada socialista puso como ejemplo la empresa Cetir, que, según las informaciones del PSC, es el principal destinatario de las adjudicaciones del Servicio Catalán de la Salud en el área de radiodiagnóstico, con el 35% del total, así como en medicina nuclear, con el 90% del mercado.
Figueras también citó la consultoría Gesaworld, que fue la encargada de gestionar la mutua L'Alianca tras su intervención por la Generalitat, pese a tener "poca experiencia" en el campo del mutualismo. El PSC también denunció el caso de la empresa Taxco, que comparte negocios con otra empresa propiedad del ex consejero Jaume Roma y que en el año 2002 facturó más de un millón de euros en contratos en materia de radiodiagnóstico.
El PSC, sin embargo, no aventuró qué hará con estos contratos si gana las elecciones del próximo otoño. El portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Nadal, sólo avanzó que el PSC realizará una "amplia auditoría" para ver "si algunos de estos servicios podrían ser ofrecidos por la propia Administración".