CiU bloquea el plan del delta del Ebro y rompe el acuerdo con el PP
Los representantes de la Generalitat de Cataluña formalizaron ayer su ruptura con el PP en el seno del Consorcio para la Protección del Delta del Ebro. Rechazaron debatir el proyecto técnico del Plan Integral del Delta presentado por el Gobierno central porque no incluye un caudal ecológico mínimo y porque adopta medidas como convertir el consorcio en una sociedad mercantil que gestione las inversiones de 560 millones que recibirá el tramo final del río.
Los representantes del Gobierno central, por su parte, consideran que la espantada de los convergentes obedece a la proximidad de las ...
Los representantes de la Generalitat de Cataluña formalizaron ayer su ruptura con el PP en el seno del Consorcio para la Protección del Delta del Ebro. Rechazaron debatir el proyecto técnico del Plan Integral del Delta presentado por el Gobierno central porque no incluye un caudal ecológico mínimo y porque adopta medidas como convertir el consorcio en una sociedad mercantil que gestione las inversiones de 560 millones que recibirá el tramo final del río.
Los representantes del Gobierno central, por su parte, consideran que la espantada de los convergentes obedece a la proximidad de las elecciones autonómicas y se muestran dispuestos a forzar la aprobación del plan, bien en el propio consorcio o en Consejo de Ministros, mientras que la Generalitat amenaza con paralizar las obras en los tribunales.
El delegado de la Generalitat en las comarcas del Ebro y presidente del Consorcio, Francesc Sancho (CiU), adoptó ayer un lenguaje más propio de los militantes antitrasvase al asegurar que el CPIDE "no puede servir para el mercadeo del agua" y que "las relaciones entre administraciones no pueden ser un paseo militar". Tras tildar de "cutre" la propuesta de plan integral, Sancho aseguró que su contenido dista mucho del borrador inicial. "Nos dijeron que no estaba acabado porque faltaba el régimen hídrico", aseguró. "Pues bien, en éste también falta el régimen hídrico". Para Sancho, la propuesta del Gobierno de instalar indicadores que recojan datos durante cuatro años para poder fijar un caudal mínimo "es una confesión, una muestra de que no tienen ni idea de cuánta agua hay en el río o de cuánta sobra". "Mientras esperamos cuatro años, las obras del trasvase se harán", añadió.