El Gobierno reduce a menos del 2,5% su previsión de crecimiento para 2003

La economía española crecerá este año menos de un 2,5%, por debajo de la previsión inicial del Gobierno, que apuntaba al 3%. El Ejecutivo hará pública hoy una revisión a la baja del crecimiento para 2003 (a menos del 2,5%, fuente oficiales manejan una horquilla del 2,1% al 2,4%), así como un avance de lo que se espera para el próximo ejercicio (3%). Pese a la rebaja, el Gobierno mantiene un optimismo mayor que el de la Comisión Europea y otros organismos internacionales, que no conceden a España más de un 2,2%. El Consejo de Ministros aprobará también hoy el nuevo modelo de formación continua....

La economía española crecerá este año menos de un 2,5%, por debajo de la previsión inicial del Gobierno, que apuntaba al 3%. El Ejecutivo hará pública hoy una revisión a la baja del crecimiento para 2003 (a menos del 2,5%, fuente oficiales manejan una horquilla del 2,1% al 2,4%), así como un avance de lo que se espera para el próximo ejercicio (3%). Pese a la rebaja, el Gobierno mantiene un optimismo mayor que el de la Comisión Europea y otros organismos internacionales, que no conceden a España más de un 2,2%. El Consejo de Ministros aprobará también hoy el nuevo modelo de formación continua.

Los signos de desaceleración económica han obligado al Ejecutivo a reducir su previsión de crecimiento para este ejercicio, que permanecía intacta desde agosto del año pasado. Entonces, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, fijó en el 3% el avance del producto interior bruto (PIB) para 2003. Cuatro meses después mantuvo esa cifra en la revisión del Pacto de Estabilidad para el periodo 2002-2006, que España envía a Bruselas dentro de los compromisos comunitarios de controlar el déficit público y la deuda. No obstante, en este mismo pacto el Ejecutivo ya incluyó una hipótesis desfavorable en la que el crecimiento español no superaría el 2%.

Para el año próximo, el Gobierno espera un crecimiento del 3%, un avance del empleo cercano al 2% (algo por encima del 1,8% recogido en el Pacto de Estabilidad) y una fuerte recuperación de la demanda, tanto en lo concerniente al consumo como a la inversión en bienes de equipo y formación de capital. El esfuerzo inversor del Estado crecerá alrededor del 6% y en los tres próximos años se establecerá un techo de gasto de 117.000 millones de euros, según comunicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los sindicatos en una reunión el pasado miércoles para tratar de las principales líneas presupuestarias.

Con el nuevo escenario que aprobará hoy el Consejo de Ministros, el Ejecutivo español se sitúa en un horizonte más optimista que el de los principales organismos internacionales. La Comisión Europea prevé un 2% para España este año. Algo más favorables se muestran la OCDE -agrupa a los países más desarrollados del mundo-, con un pronóstico del 2,1%, y el Fondo Monetario Internacional, que augura un 2,2%. En los últimos meses, y a la vista de estas cifras, Rato ha reconocido que era necesario revisar ese 3% inicial.

El crecimiento en el primer trimestre del año se ha situado en el 2,1%. Para el conjunto del año, la mayoría de los expertos vaticina unas cifras no muy superiores. El panel de expertos que elabora la fundación de las cajas de ahorro Funcas lo sitúa en una media del 2,3%, en línea con lo que se espera que el Gobierno apruebe hoy.

Pese a rebajar el crecimiento, el Ejecutivo no prevé cambios en el empleo, cuyo avance cifró en el 1,8%, equivalente a unos 300.000 puestos de trabajo. Los sindicatos consideran insuficiente esta previsión para acabar con los problemas de paro del país, que encabeza la lista de desempleo de la Unión Europea (11,12% de la población activa).

Nuevo modelo de formación

La reforma de la formación continua tendrá también hoy el visto bueno del Consejo de Ministros. Supone el abandono del viejo modelo de la Forcem por otro que pone a disposición de las empresas el control de las acciones formativas para sus trabajadores. Ese sistema cuenta con el rechazo de las cinco comunidades autónomas socialistas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias), así como las gobernadas por CiU (Cataluña) y PNV (País Vasco), más las críticas de Galicia (PP). Todas creen que la reforma incumple las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen la participación de las comunidades en la gestión de la formación.

La patronal CEOE aseguró ayer que "carece de sentido una guerra de competencias entre los gobiernos autónomos y central", ya que "el protagonismo de la formación continua corresponde a las empresas, no a las comunidades ni al Gobierno central, puesto que son ellas las que pagan la cuota de formación". Esas cuotas nutren el 70% de los fondos de 600 millones de euros destinados cada año a formación, y el 30% restante proviene del Fondo Social Europeo.

Las empresas decidirán las acciones formativas y se deducirán directamente el gasto de las cotizaciones a la Seguridad Social, de acuerdo con un baremo que beneficiará a las pequeñas y medianas compañías.