Populares y socialistas acusan a Iztueta de obstruir su labor de control

La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, estuvo ayer en el ojo del huracán de un pleno con tres asuntos que concernían a su departamento -las becas a la etarra Belén González Peñalva mientras estuvo huida y los estudios de los presos de ETA, entre ellos-, pero sobre todo por su negativa a entregar información requerida por parlamentarios de la oposición, incluso con el amparo de la Mesa y los letrados de la Cámara. La oposición le acusó de bloquear su tarea de control parlamentario.

El episodio que motivó la moción popular es la negativa de Iztueta, desde hace un año, a entregar las ...

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La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, estuvo ayer en el ojo del huracán de un pleno con tres asuntos que concernían a su departamento -las becas a la etarra Belén González Peñalva mientras estuvo huida y los estudios de los presos de ETA, entre ellos-, pero sobre todo por su negativa a entregar información requerida por parlamentarios de la oposición, incluso con el amparo de la Mesa y los letrados de la Cámara. La oposición le acusó de bloquear su tarea de control parlamentario.

El episodio que motivó la moción popular es la negativa de Iztueta, desde hace un año, a entregar las actas de las reuniones durante 2001 y 2002 del Consejo de Coordinación Universitaria, pedidas en marzo de 2002, bajo el argumento de que vulneraría la intimidad de sus componentes o de que se trata de información "reservada". Un dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara considera lo contrario.

Pese a dos acuerdos de la Mesa amparando al diputado solicitante, el popular Iñaki Ortega, y tras la presentación de una interpelación, Iztueta, con la firma de su jefa de gabinete, ha terminado enviando, con un año de retraso, una certificación de acuerdos alcanzados, pero no las actas.

En el debate, la portavoz socialista, Isabel Celaa, desveló el motivo del enredo y de la resistencia de la consejera: su negativa a admitir que no podía enviar acta alguna porque el Consejo no se había reunido ni una sola vez durante el tiempo requerido, justo mientras UPV y Gobierno mantenían un tenso enfrentamiento por la financiación. De hecho, la certificación enviada un año después corresponde a una única reunión y se celebró seis meses después de la petición de Ortega.

Ortega resaltó que el asunto ha pasado a afectar a un derecho de los parlamentarios para ejercer cabalmente su labor de control al Ejecutivo. "Es una desprecio al Parlamento", dijo. Ortega criticó a Iztueta por "blindarse" tras la firma de su jefa de gabinete, para que el incumplimiento no afecte al Gobierno.

Celaa criticó a PP y Gobierno por polemizar durante un año largo "sobre unas actas que no existen" y recriminó a Iztueta por no reconocer desde el primer momento ese extremo. Bajo la escucha atenta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, Martin Aranburu (EA), defendió a Iztueta acusando al PP de buscar justificación para su negativa a una ley universitaria vasca.

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