ETA, en campaña

Algo hemos avanzado. Esta vez ETA no ha colocado un coche bomba para desmentir especulaciones sobre la existencia de una supuesta tregua tácita; se ha limitado a convocar una rueda de prensa restringida. En ella ha aclarado que su actitud receptiva ante la consulta popular contenida en el plan de Ibarretxe no significa apoyar dicho plan, al que califica de "excluyente".

De acuerdo con esa consideración, confirma ETA su rechazo a lo que PNV y EA consideran "voto útil" -a sus candidaturas-, y propugna el voto (nulo) a las anuladas por los tribunales. E informa de que en el debate interno,...

Algo hemos avanzado. Esta vez ETA no ha colocado un coche bomba para desmentir especulaciones sobre la existencia de una supuesta tregua tácita; se ha limitado a convocar una rueda de prensa restringida. En ella ha aclarado que su actitud receptiva ante la consulta popular contenida en el plan de Ibarretxe no significa apoyar dicho plan, al que califica de "excluyente".

De acuerdo con esa consideración, confirma ETA su rechazo a lo que PNV y EA consideran "voto útil" -a sus candidaturas-, y propugna el voto (nulo) a las anuladas por los tribunales. E informa de que en el debate interno, cuya existencia reveló en su comunicado del pasado domingo, se ha acordado proseguir la lucha armada. No hay tregua, sino una amplia lista de amenazas de muerte que, según registra con precisión burocrática el boletín interno que da cuenta de dicho debate, incluye a todos los candidatos de las formaciones no nacionalistas, a los periodistas críticos, a la Ertzaintza, a los que se oponen al euskera en Navarra, a la oligarquía y a los miembros del Opus Dei, entre otros.

En su día, ETA tuvo interés en desmentir al PNV presentando documentos sobre el pacto que había precedido, en 1998, al acuerdo de Lizarra. Ahora ha querido dejar en ridículo al Gobierno de Aznar, varios de cuyos miembros habían aventurado la existencia de un acuerdo de ETA con los nacionalistas en torno a una tregua. Es cierto que la negativa de los nacionalistas a la existencia de cualquier acuerdo (sin acabar de decir que no había contactos) tenía un valor relativo, dado el antecedente de 1998; pero que el presidente y su ministro del Interior hablen de tregua sin prueba alguna revela frivolidad y perjudica la credibilidad del discurso antiterrorista del Gobierno en esta campaña.

ETA utilizaba en su declaración del pasado domingo un lenguaje muy diferente al de anteriores comunicados en relación a la consulta contenida en el plan de Ibarretxe. Tal vez la rapidez de la aclaración del alcance de ese cambio de estilo tenga que ver con el deseo de cortar por lo sano cualquier movimiento de cuestionamiento interno. Los encapuchados reconocieron que en el debate hubo sectores que propusieron el abandono de la lucha armada. Un reflejo de ese debate pudo vislumbrarse en febrero y marzo pasados, tras el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, en las páginas de Gara. El argumento de los partidarios de dejar las armas era pragmático: el balance entre lo que ETA aporta a la izquierda abertzale y lo que ésta tiene que pagar por su relación con ETA ha comenzado a ser negativo.

Por otra parte, los propios encapuchados reconocieron, según la versión que ayer ofrecía ese diario, las dificultades de la izquierda abertzale "para situarse en el nuevo terreno de juego político que ella misma ha contribuido a crear con su lucha". Esa idea de que su lucha había hecho cambiar al PNV, y "derrotado el marco jurídico formado por la Constitución y el Estatuto", ya figuraba en un pronunciamiento anterior de ETA sobre el plan de Ibarretxe. Pero ahora se encontraría con que, una vez alcanzado ese objetivo, carece de un brazo político que lo capitalice; e incluso ante el peligro de que sean otros quienes se queden con los votos de la izquierda abertzale.

Eso explicaría el doble mensaje de los encapuchados. Por una parte, crítica muy agresiva al nacionalismo mayoritario y consigna de voto inequívoca para las plataformas sucesoras de Batasuna, aun a riesgo de que ello pueda interpretarse como confirmación de parte de la vinculación de las mismas con ETA; por otra, apelación al "trabajo común" de todos los nacionalistas y mención al carácter "cerrado, excluyente", del plan de Ibarretxe, como si pidiera sitio. En resumen, ETA tiene claro que quiere continuar, pero no tanto al servicio de qué estrategia. Clausurada la vía de la negociación y también (tras la ruptura de la tregua) la frentista de Lizarra, el objetivo inmediato es contener la fuga de votos hacia PNV-EA.

Pero no lo tienen fácil. Es improbable que el llamamiento de ETA haga cambiar de idea al sector de su electorado potencial que ya ha decidido votar a PNV-EA. En las elecciones anteriores, en plena tregua, Batasuna ganó 70.000 votos (y cinco puntos porcentuales), y en las autonómicas inmediatas a la ruptura de la misma perdió 80.000 (y siete puntos) en favor del partido de Arzalluz e Ibarretxe. De manera que, incluso sin ilegalización, es muy probable que el mismo movimiento se hubiera producido ahora en las municipales. Con más motivo tras la suspensión. Pero para que esa hipótesis se verifique es imprescindible que el nacionalismo gobernante aparezca como el más firme defensor del derecho de las listas herederas de Batasuna a presentarse. Podría decirse que el nacionalismo desea la ilegalización del brazo político de ETA con su voto en contra.