El catalán y los municipios metropolitanos
El consejero Vilajoana, ante los resultados de la encuesta metropolitana sobre el uso del catalán, se ha despachado reclamando un mayor esfuerzo a los ayuntamientos metropolitanos y la incorporación de la Diputación de Barcelona al Consorcio de Normalización Lingüística. Según parece, el consejero practica la vieja táctica de esconder las propias flaquezas atacando al de enfrente. Por otra parte, pone en evidencia que su dedicación a las cosas de la política lingüística es reciente y que no tiene la memoria de su departamento, de lo contrario no habría mentado el susodicho consorcio en casa de...
El consejero Vilajoana, ante los resultados de la encuesta metropolitana sobre el uso del catalán, se ha despachado reclamando un mayor esfuerzo a los ayuntamientos metropolitanos y la incorporación de la Diputación de Barcelona al Consorcio de Normalización Lingüística. Según parece, el consejero practica la vieja táctica de esconder las propias flaquezas atacando al de enfrente. Por otra parte, pone en evidencia que su dedicación a las cosas de la política lingüística es reciente y que no tiene la memoria de su departamento, de lo contrario no habría mentado el susodicho consorcio en casa de la Administración local.
El Consorcio de Normalización Lingüística se creó para que el Gobierno de la Generalitat asumiera su responsabilidad sobre los Centros de Normalización Lingüística que habían proliferado de la mano de los ayuntamientos, desde los cuales se generó la primera oferta pública generalizada de cursos de catalán, especialmente en los municipios metropolitanos. No fue su única acción, ni mucho menos. Todo el mundo sabe que los ayuntamientos fueron los pioneros de la normalización del catalán, cuando la Generalitat estatutaria todavía no existía. Desde el primer momento, emprendieron la ingente labor de devolver sus nombres a nuestras calles y plazas. E hicieron del catalán la lengua propia de la Administración local y de sus servicios, siempre naturalmente desde el respeto a los derechos ciudadanos en las dos lenguas oficiales.
El consorcio recogió la responsabilidad de enseñar catalán, hasta ese momento en manos de los municipios
Es sabida también la extraordinaria labor desarrollada por los ayuntamientos en apoyo de la cultura y de la lengua catalana, especialmente en la provincia de Barcelona, donde contaron con el impulso decisivo de la Diputación para la creación de las actuales redes intermunicipales de servicios culturales: la extraordinaria red de bibliotecas y bibliobuses, el circuito de teatros municipales, el circuito escolar de artes escénicas y musicales, el circuito de artes visuales, la red de museos, la red de archivos... Una labor tomada hoy como referencia por toda la Administración local catalana y española, de todos los signos.
Con la hoy añorada Aina Moll, crearon el famoso Consorcio de Normalización Lingüística. Era la vía por la cual el Gobierno asumiría progresivamente unas funciones que eran de su competencia y que los ayuntamientos, en su ausencia, habían emprendido. Porque no todo es responsabilidad de todos. Y la docencia -eso son los cursos de catalán- es competencia del Gobierno. La Administración local siempre imaginó que ese consorcio sería el marco en el cual el Gobierno asumiría enteramente los cursos de catalán para pasar a una segunda fase más ambiciosa, con la elaboración de estrategias conjuntas en favor del catalán, adaptadas a cada realidad sociolingüística, concertadas según las competencias de cada Administración. Éste era el ánimo con que los municipios promovieron la inclusión de la lengua como un apartado del Pacto Cultural de 1985, ese celebrado neonato que moriría a manos del Gobierno.
El consorcio nunca fue, ni por aproximación, el instrumento deseado por los ayuntamientos y que la lengua catalana precisaba. Bien al contrario, acabó en algo que muchos consideraron simplemente una estafa. Quedó en un simple mecanismo para retener a los ayuntamientos en la cofinanciación de los cursos de catalán, es decir, para drenar los recursos municipales hacia una función que era competencia estricta del Gobierno. No fue de extrañar para nadie la creciente incomodidad de algunos ayuntamientos
implicados como tampoco que la Diputación de Barcelona renunciara a su prevista incorporación.
La necesidad de reconvertir el consorcio en una ambiciosa plataforma de concertación de políticas territorializadas a favor del catalán fue una constante en las sucesivas negociaciones a que los acontecimientos darían lugar. En algún momento, pareció entenderse la propuesta, incluso pareció inminente su puesta en práctica. Al final, sin embargo, todo quedó en agua de borrajas. Entretanto, eso sí, se desplegaban algunas ruidosas políticas de escaparate, con despliegue de banderas, para consumo de segmentos muy determinados y para desorientación del resto, cuya eficacia se revelaría nula. El consejero Vilajoana debería reflexionar sobre todo ello. Ahí, tal vez, pueda encontrar algunas claves que le ayuden a interpretar las encuestas metropolitanas.
Jordi Font es comisionado de Cultura de la Diputación de Barcelona.