"Denunciaremos a Fujimori por genocidio en el caso de la esterilización forzada"

Es una de las caras del regreso de Perú a la democracia. Nelly Calderón Navarro, de 67 años, asumió el cargo de fiscal general en noviembre de 2000, cuando el Gobierno de Alberto Fujimori se desmoronaba tras el estallido del escándalo de los vídeos de su asesor Vladimiro Montesinos. Desde entonces trabajo no ha faltado: solamente el caso Montesinos implica la existencia de 56 juicios pendientes. Con respecto al ex presidente, autoexiliado en Japón desde fines de 2000, Calderón ha llevado adelante la investigación y denuncia por enriquecimiento ilícito y por violación de los derechos hum...

Es una de las caras del regreso de Perú a la democracia. Nelly Calderón Navarro, de 67 años, asumió el cargo de fiscal general en noviembre de 2000, cuando el Gobierno de Alberto Fujimori se desmoronaba tras el estallido del escándalo de los vídeos de su asesor Vladimiro Montesinos. Desde entonces trabajo no ha faltado: solamente el caso Montesinos implica la existencia de 56 juicios pendientes. Con respecto al ex presidente, autoexiliado en Japón desde fines de 2000, Calderón ha llevado adelante la investigación y denuncia por enriquecimiento ilícito y por violación de los derechos humanos, casos bloqueados por la negativa japonesa a la repatriación del antiguo hombre fuerte de Perú. Ahora, la Fiscalía General, tras más de un año de investigación, presentará una nueva denuncia contra Fujimori por genocidio, por la esterilización forzada de mujeres y hombres en numerosas comunidades indígenas, un crimen que puede abrir la puerta a la condena del ex presidente. "Será nuestro caso más importante".

Pregunta. ¿Cuál es la importancia del caso de las esterilizaciones forzadas?

Respuesta. Es lo más delicado que tenemos. Se ha ido contra las clases más pobres y las minorías andinas. Han sido esterilizadas comunidades enteras. En la Amazonia o en la zona del Callejón de Huaylas [norte de Perú], donde han sido esterilizadas cerca del 60% de las mujeres, incluso mujeres que aún no habían sido madres. Los hombres también fueron esterilizados con vasectomías. El mecanismo consistía en que los trabajadores de la salud debían conseguir un número determinado de personas que quisieran esterilizarse, porque de otra manera los sacaban del puesto. Ellos recababan candidatos diciéndoles que les iban a dar educación a los otros hijos, que les iban a dar apoyo médico, ayudas, cosas que no les han dado.

P. ¿Los agentes sanitarios serían también copartícipes del delito?

R. Claro, y eso es lo que estamos investigando yendo a las mismas comunidades. Se trata de una investigación abierta el año pasado en la que están involucrados el ex presidente y altos funcionarios del Estado. Cuando tengamos todas las declaraciones, que ya están muy avanzadas, haremos la denuncia constitucional ante el Congreso contra Fujimori por genocidio por la esterilización de comunidades enteras. Espero que en julio. Éste sí es un crimen tipificado no sólo como genocidio, sino también como tortura. A la gente se la ha dejado en muchos casos sin ningún tipo de atención médica, lo que les ha causado la muerte. Porque después de una intervención de este tipo debe haber un tratamiento, sobre todo en comunidades donde el agua no es la mejor. Muchas mujeres se han infectado y han muerto. Creo que será nuestro caso más importante.

P. ¿Qué posibilidades reales existen de extraditar a Fujimori?

R. Vemos que la extradición es difícil, puesto que Japón dice que no extradita a nacionales. Si Japón se niega, tendrá que juzgarlo dentro de su territorio por delitos cometidos en Perú. En los casos de crímenes contra la humanidad, él ya ha reconocido que dirigió Chavin de Huantar [unidad de élite que ejecutó a guerrilleros sobrevivientes durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1996]. También está involucrado en los Barrios Altos [asesinato de 16 personas en ese barrio limeño en 1991].

P. ¿Después de tantos años de corrupción enraizada en el país, qué posibilidades reales hay de eliminarla?

R. La fiscalía general ha emprendido esto como una cruzada por una transparencia total. Muchas veces se trata de deslegitimar la función del ministerio público porque cada vez que se abre una investigación preliminar salen nombres de gente que incluso se ha reinsertado en el nuevo sistema democrático.