El Ejército y la policía británicos practicaron guerra sucia en Ulster
Londres estuvo implicado en el asesinato de un abogado católico
El Reino Unido también tuvo su GAL. Un informe oficial confirmó el jueves lo que ya se daba por cierto desde hace años: que oficiales del Ejército británico y agentes de los servicios especiales de la policía de Irlanda del Norte estuvieron implicados en una guerra sucia y participaron en crímenes cometidos por los paramilitares protestantes. El informe se centra en el asesinato del abogado católico Pat Finucane en febrero de 1989.
Finucane, que había defendido a numerosos militantes del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el brazo terrorista de los republicanos católicos independentis...
El Reino Unido también tuvo su GAL. Un informe oficial confirmó el jueves lo que ya se daba por cierto desde hace años: que oficiales del Ejército británico y agentes de los servicios especiales de la policía de Irlanda del Norte estuvieron implicados en una guerra sucia y participaron en crímenes cometidos por los paramilitares protestantes. El informe se centra en el asesinato del abogado católico Pat Finucane en febrero de 1989.
Finucane, que había defendido a numerosos militantes del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el brazo terrorista de los republicanos católicos independentistas, recibió 14 balazos mientras comía un domingo en su casa acompañado de su mujer y sus tres hijos. El crimen fue reivindicado por los paramilitares protestantes de la Asociación para la Defensa del Ulster (UDA, el grupo probritánico más grande de la provincia), que le acusaban de ser miembro del IRA.
La familia de Finucane siempre sospechó que las fuerzas de seguridad del Reino Unido estaban detrás del crimen, pero sus sospechas han tardado muchos años en convertirse en verdad oficial. Hasta tres veces (en 1989, 1993 y 1999) recibió el encargo de realizar un informe oficial sir John Stevens, un oficial de la policía Metropolitana de Londres, que hasta entonces no había tenido ningún contacto con Irlanda del Norte. Pero el Ejército y la policía obstruyeron su trabajo, incluyendo el incendio de su despacho en 1990 y amenazas y acosos, ahora denunciados en su informe.
La familia de Finucane no se conforma con esta investigación de carácter administrativo y exige una judicial. Sir John asegura que su trabajo no ha terminado y que sigue investigando hasta qué altura del escalafón llegó la colusión entre oficiales de espionaje del Ejército y de la policía con los paramilitares protestantes.
Podía haberse evitado
El tercer informe Stevens considera probado que los asesinatos de Finucane y otros podían haberse evitado si los servicios de seguridad no hubieran estado implicados y que la detención de los culpables fue impedida por esa misma colusión de intereses. En el resumen de 20 páginas de su informe, que el Jueves Santo entregó en Belfast al jefe de la renovada policía de Irlanda del Norte, Hugh Orde, sir John presenta 21 recomendaciones para evitar que se repita la guerra sucia y propone que los responsables sean juzgados. Los detalles no se han hecho públicos para evitar que eso pueda interferir con el enjuiciamiento de los acusados.
La asunción de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los asesinatos cometidos por paramilitares protestantes tiene gran importancia política. Era uno de los pasos exigidos por el Sinn Fein (brazo político del IRA) para aceptar a la actual policía de Irlanda del Norte. Aún ahora, cinco años después de los acuerdos del Viernes Santo de 1998, y pese a participar en el Gobierno autónomo de la provincia, el Sinn Fein se niega a apoyar a la policía del Ulster. Un cambio de actitud de los republicanos respecto a la policía, el desarme total del IRA y quizá una declaración de que la guerra se ha acabado son los puntos clave para desatascar la actual crisis que mantiene suspendida la autonomía desde hace siete meses.
Los primeros ministros de Irlanda y del Reino Unido, Bertie Ahern y Tony Blair, se disponían la semana pasada a hacer una declaración conjunta en la que iban a anunciar la nueva reforma de la policía, un calendario de transferencia de las competencias sobre justicia y una retirada muy significativa del Ejército británico. Pero ambos jefes de Gobierno acordaron suspender esa declaración hasta obtener garantías de que la respuesta del IRA a ese gesto iba a ser lo bastante significativa como para ser aceptada por los unionistas y permitiera restablecer la autonomía.
Blair y Ahern siguen sin estar completamente satisfechos, pese a las aclaraciones que ya han recibido desde el IRA, y parecen dispuestos a mantener en suspenso la declaración.