Superofertas
El vendaval de superofertas autonómicas que afecta a Cataluña hace pensar en la existencia en esa nacionalidad de una fuerte demanda potencial de reforma estatutaria. Los datos disponibles no acaban, sin embargo, de confirmarlo. De un lado, porque una mayoría (el 53%) se muestra satisfecha con el modelo actual; de otra, porque aunque un 14% de los catalanes apoyaría una reforma de tipo federal que garantizase mayor autonomía, el mismo porcentaje la apoyaría en Andalucía, por ejemplo. Así lo constata el Observatorio Político Autonómico, una iniciativa de los departamentos de Ciencia Política de...
El vendaval de superofertas autonómicas que afecta a Cataluña hace pensar en la existencia en esa nacionalidad de una fuerte demanda potencial de reforma estatutaria. Los datos disponibles no acaban, sin embargo, de confirmarlo. De un lado, porque una mayoría (el 53%) se muestra satisfecha con el modelo actual; de otra, porque aunque un 14% de los catalanes apoyaría una reforma de tipo federal que garantizase mayor autonomía, el mismo porcentaje la apoyaría en Andalucía, por ejemplo. Así lo constata el Observatorio Político Autonómico, una iniciativa de los departamentos de Ciencia Política de las universidades de Santiago, Granada, País Vasco y Autónoma de Barcelona, que han puesto en común sus respectivos bancos de datos sociológicos en el primer número de su nueva revista, OPA.
No parece haber, por tanto, una demanda acuciante, aunque es posible que la potente y variada oferta acabe creándola. Esa oferta se debe en alguna medida a factores coyunturales. Maragall, que había estado a punto de ganar en 1999 al frente de una alianza que incluía a nacionalistas de izquierda, vio la ocasión de soldar esa alianza y a la vez de adelantarse a CiU en su propio terreno, aprovechando que Pujol, sin mayoría, tenía las manos atadas por su pacto con el PP. Su propuesta federalista se inspira en principios más bien nacionalistas, como el de la conveniencia de acumular cada vez más poder en la Generalitat, sin considerar necesario justificarlo; pero se plantea como reforzamiento y actualización del Estado autonómico, con efectos extensibles a todas las comunidades y desde una voluntad de consenso interno catalán y con las instituciones españolas.
Tal vez pueda verse como un cortafuegos frente al riesgo de una deriva soberanista a la vasca. Lo que en la práctica ha ocurrido es que los partidos genuinamente nacionalistas se han sentido interpelados, especialmente desde el momento en que los sondeos les alertaron de la posibilidad de perder las elecciones. Artur Mas ha respondido doblando la apuesta: no ya reforma, sino estatuto de nuevo cuño desde un proceso cuasi constituyente "sin las autocensuras de la transición". Un proyecto que parte de la aplicación a Cataluña de la disposición adicional sobre los derechos históricos (del País Vasco y Navarra) como base para reivindicar competencia sobre materias de titularidad estatal y, sobre todo, un sistema de financiación similar al del Concierto: con plena competencia recaudatoria.
El riesgo, por tanto, de la dinámica desatada es que la reforma de Maragall, probable nuevo president, no sea aceptada por los nacionalistas, con lo que no sólo sería imposible alcanzar un consenso como el que avaló el Estatuto de Sau, sino que podría replantearse en términos dramáticos lo que parecía resuelto. Se estaría repitiendo en parte lo ocurrido a comienzos de la Transición en el País Vasco, donde el radicalismo de la izquierda respecto a la cuestión nacional (lo mínimo era la autodeterminación) obligó a los nacionalistas a radicalizar su propio discurso, con el resultado de un rechazo de la Constitución, cuyas consecuencias son hoy evidentes.
Las ofertas nacionalistas tienden a considerar que, una vez desarrolladas las previsiones del Estatuto, el modelo está "agotado" y conviene sustituirlo. Lo lógico sería lo contrario: es tras su pleno despliegue cuando el Estatuto está en condiciones de resultar más efectivo como instrumento de autogobierno. Otro punto débil de su argumentación es considerar que la reforma es necesaria porque el nivel competencial básico de las comunidades de régimen común ha acabado equiparándose al de las históricas. Es un argumento que viene barajándose desde los pactos autonómicos PP-PSOE de 1992. Pero tampoco es lógico. Una vez que han quedado garantizadas las aspiraciones singulares de las nacionalidades ¿qué hay de malo en que las otras autonomías alcancen los mismos niveles competenciales en lo que no tenga que ver con los hechos diferenciales?
Algunos nacionalistas han pasado de reivindicar transferencias a reclamar diferencias, con independencia de los contenidos. Hasta hace poco se consideraba que las comunidades no históricas pecaban de envidia por querer ser como las históricas. Pero el diccionario ofrece una segunda definición de envidia: pesar por el bien ajeno.