El CES critica la ley que impide la subida de pensiones de las autonomías
El Consejo cree que el conflicto se debe resolver con un diálogo político
El Consejo Económico y Social (CES) cree que el anteproyecto de ley que intenta evitar la subida de pensiones por parte de las comunidades autónomas no soluciona "el problema de fondo". El dictamen aprobado ayer contiene una crítica al método elegido por el Gobierno -"una norma legal de carácter eminentemente técnico"-, y sugiere que el conflicto de competencias debería resolverse con un diálogo político entre el Estado y las comunidades.
El dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de ley está respaldado por el consenso de los miembros del Consejo (patronal, sindicatos y otros interlo...
El Consejo Económico y Social (CES) cree que el anteproyecto de ley que intenta evitar la subida de pensiones por parte de las comunidades autónomas no soluciona "el problema de fondo". El dictamen aprobado ayer contiene una crítica al método elegido por el Gobierno -"una norma legal de carácter eminentemente técnico"-, y sugiere que el conflicto de competencias debería resolverse con un diálogo político entre el Estado y las comunidades.
El dictamen preceptivo sobre el anteproyecto de ley está respaldado por el consenso de los miembros del Consejo (patronal, sindicatos y otros interlocutores sociales), con sólo dos votos en contra de los representantes de ELA-STV y CIG. Esa norma "suscita dudas" al CES de que sea el "instrumento adecuado para intentar solventar un conflicto de primer orden en el que, además de su trascendental significado jurídico, subyace una dimensión política insoslayable".
El anteproyecto de ley que se ha sometido a consulta del CES fue aprobado por el Gobierno del PP el pasado mes de febrero, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba la subida de las pensiones no contributivas aprobada por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, al entrar en sus competencias sobre políticas sociales.
La norma intenta precisar más qué es política social y qué es Seguridad Social, e identifica como parte del sistema de Seguridad Social cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar sus prestaciones económicas, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva. Asimismo atribuye expresamente al Ministerio de Trabajo esas competencias.
El criterio del CES es que "el Gobierno debería haber hecho las cosas de otra manera", según palabras del consejero Fabián Márquez, y que con esa norma no evitará que tanto la Junta de Andalucía como otros gobiernos autonómicos decidan mejoras puntuales para los pensionistas.
Principio de unidad
El texto aprobado por el pleno del CES deja claro que "una medida de la magnitud de la que se está adoptando hubiera requerido un intenso trabajo de reflexión previa, en un marco de coordinación, cooperación y diálogo entre todas las administraciones y agentes implicados en la articulación del sistema de protección social". En su criterio, hubiese sido deseable "un espacio de encuentro entre el Estado y las comunidades autónomas".
Este método es para el CES más eficaz para "un mayor fortalecimiento de la iniciativa del Gobierno para mantener los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema", principios que el órgano consultivo del Ejecutivo defiende y que, en cambio, estima que "difícilmente se verán reforzados" con esa norma. Una modificación legal que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo, y ante la que sugiere abordar de forma negociada los desajustes o disfunciones que puedan plantearse en el sistema de protección social.
El Consejo dice al Gobierno que no ha optado por el mejor camino, y al tiempo le recuerda que en el desarrollo del Pacto de Toledo sobre pensiones, avalado por todos los partidos, "se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de diálogo social".
El CES aprobó también un dictamen sobre el anteproyecto de protección del patrimonio de los discapacitados, en el que califica esa norma de positiva. No obstante, considera que las personas discapacitadas que no puedan constituir un patrimonio protegido deben tener acceso a un sistema de protección social reforzado.