Colegio de posguerra

Desde 1991 se incumple la promesa del nuevo colegio público en El Rompido (Huelva). El actual responde a la imagen de los colegios rurales de la posguerra: Dos casitas en medio de un pequeño patio, cerrado por una valla de alambre ruinosa y flanqueado por dos torres de distribución eléctrica, sin calefacción, sin sala de profesores, sin biblioteca, sin comedor (aunque éste funciona en un bar), sin gimnasio, y un eterno número de carencias materiales; sólo cinco aulas, dos pequeñas habitaciones, tres aseos y mucho esfuerzo, profesionalidad y dedicación desmedida de un buen equipo de profesor...

Desde 1991 se incumple la promesa del nuevo colegio público en El Rompido (Huelva). El actual responde a la imagen de los colegios rurales de la posguerra: Dos casitas en medio de un pequeño patio, cerrado por una valla de alambre ruinosa y flanqueado por dos torres de distribución eléctrica, sin calefacción, sin sala de profesores, sin biblioteca, sin comedor (aunque éste funciona en un bar), sin gimnasio, y un eterno número de carencias materiales; sólo cinco aulas, dos pequeñas habitaciones, tres aseos y mucho esfuerzo, profesionalidad y dedicación desmedida de un buen equipo de profesores.

El concepto "calidad de la enseñanza" resulta ciencia-ficción al contemplar las instalaciones y recursos del colegio de El Rompido. Leyes de Calidad, programas y objetivos son irrelevantes cuando carecemos de los mínimos necesarios para su desarrollo.

Resulta descorazonadora la respuesta de la Administración, incapaz de ver más allá de intereses políticos o resultados económicos, cuando está comprometida con una educación pública, gratuita y de calidad para todos, que permita la igualdad de oportunidades.

El pueblo de El Rompido, cuyo patrimonio público se está poniendo al servicio de un desarrollo económico, presuntamente sostenible, con el propósito de convertirlo en un centro turístico de "alto standing", con hoteles, puertos deportivos y campos de golf, exige la mínima inversión que representa la construcción de un nuevo colegio que garantice el derecho a la educación, consagrado en nuestra Constitución, sin tener que recurrir a los centros privados, con ideario, subvencionados y concertados, que pretenden promoverse.

El aumento de la demanda de plazas, debido al crecimiento de la población en la zona, unido a la saturación existente en los colegios públicos de Cartaya, amenaza con dejar sin escolarizar a los alumnos de nueva incorporación.