La Cámara censura a Educación y demanda prioridad para la red pública en el ciclo infantil
La oposición exige al departamento que asuma directamente su gestión y financiación
El polémico decreto que regula el primer tramo de la Educación Infantil, de 0 a 3 años, no deja de suscitar críticas. Si hace una semana fueron todos los sectores de la escuela pública los que acusaron a Educación de favorecer a la red privada, ayer la censura llegó desde el Parlamento. La oposición en bloque, formada por PP, PSE y Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna) hizo valer su mayoría para aprobar una proposición no de ley en la que reclama a Educación la creación de una red pública única y potente para el ciclo de 0 a 3 años que cubra la demanda.
Hace un año, el Parlamento ap...
El polémico decreto que regula el primer tramo de la Educación Infantil, de 0 a 3 años, no deja de suscitar críticas. Si hace una semana fueron todos los sectores de la escuela pública los que acusaron a Educación de favorecer a la red privada, ayer la censura llegó desde el Parlamento. La oposición en bloque, formada por PP, PSE y Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna) hizo valer su mayoría para aprobar una proposición no de ley en la que reclama a Educación la creación de una red pública única y potente para el ciclo de 0 a 3 años que cubra la demanda.
Hace un año, el Parlamento aprobó una resolución similar, con la única diferencia que entonces recibió el respaldo de todos los partidos. Sin embargo, el PSE, autor de la propuesta debatida ayer, ha vuelto a llevar el tema al Parlamento porque el decreto aprobado en diciembre por Educación para desarrollar la propuesta ha soliviantado a la comunidad educativa y no "ha cumplido" con lo se acordó. El recelo que despierta la política del Gobierno en el primer ciclo de Infantil es capaz de que Sozialista Abertzaleak una sus votos a los de PP y PSE para sacar una resolución adelante, algo muy difícil de presenciar en la Cámara.
En ese decreto, el Departamento de Educación, dirigido por Ángeles Iztueta, se compromete a financiar las centros privados que abran aulas de 0 a 3 años con el 60% del coste, y a los públicos con el 70%. También prevé firmar convenios con los ayuntamientos que ya cuentan con escuelas infantiles. En este caso, los municipios tendrían que asumir el 25% del gasto. La otra opción son los consorcios, una figura creada para las localidades que quieran abrir guarderías. El Ejecutivo correría con todos los gastos, excepto los de limpieza y mantenimiento. La oposición defendió ayer que el concepto de red pública significa que Educación sea el titular de los centros y que asuma directamente la gestión y planificación de todos ellos, aunque después se introduzcan diferencias de organización y de gestión en este tipo de escuelas en relación con el resto del sistema educativo.
La oposición coincidió en que las fórmulas elegidas por el Ejecutivo no satisfacen la demanda existente. Por eso piden a Educación que lidere la oferta desde sus propios centros públicos, permitiéndoles abrir aulas para acoger a los menores de tres años, algo que ya hacen los colegios privados concertados. Consideran también que las opciones de éstos se ven favorecidas con una financiación similar a la de los centros públicos.
Calidad no garantizada
La portavoz del PSE para temas educativos, Isabel Celaá, aseguró que el decreto de Educación no garantiza la calidad del sistema público. "Es necesaria una oferta potente para convencer a los padres de que la escuela pública es capaz de satisfacer sus necesidades y demandas". A su vez, el representante del PP Iñaki Oyarzabal acusó a los responsables del departamento de "tomar el pelo" a la escuela pública. "Mientras marean la perdiz [el Gobierno], los centros concertados toman la iniciativa", criticó. Según Oyarzabal, en el fondo lo que impera es que Educación "no quiere" poner el dinero encima de la mesa, pero sí pretende hacerse con el control y la planificación del tramo educativo.
Sozialista Abertzaleak se unió a las críticas de populares y socialistas. Su portavoz, Joseba Álvarez, recalcó que su formación no puede defender la fórmula de los consorcios cuando "parte del Parlamento, los sindicatos, profesores y padres" se manifiestan en contra de la misma. "Educación debe asumir directamente todo lo relacionado con el ciclo, aunque sea con toda la flexibilidad que se quiera", insistió.
Por el contrario, los partidos del Gobierno tripartito defendieron el carácter público de los convenios y los consorcios con los ayuntamientos. Según la parlamentaria del PNV Gema González de Txabarri, una red puede ser pública sin que los centros que imparten el ciclo para los niños más pequeños dependan directamente de Educación. En esta línea, el representante de EA Martín Aramburu recalcó que "el personal es público, la financiación es pública y las instalaciones también". "¿Y aún dicen que no se trata de un sistema público?", preguntó a la oposición.
De momento, Educación subvencionará este curso con seis millones de euros a los ayuntamientos que ya tienen escuelas infantiles. La Asociación de Municipios Vascos ha valorado el gesto, pero le ha solicitado una mayor clarificación del sistema de financiación futuro.
Archivado En
- Guarderías
- Plenos parlamentarios autonómicos
- VII Legislatura País Vasco
- Debates parlamentarios autonómicos
- Grupos parlamentarios
- Comunidades autónomas
- Educación preescolar
- Gobierno autonómico
- Parlamentos autonómicos
- Gobierno Vasco
- Política autonómica
- Política educativa
- Administración autonómica
- País Vasco
- Parlamento
- Centros educativos
- Sistema educativo
- España
- Política
- Educación
- Administración pública