Agresión
Rosario Carrero, presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz, denunció que, el pasado 23 de enero, dos personas encapuchadas asaltaron su domicilio y la golpearon. Además, le produjeron decenas de cortes en su cuerpo con un cuchillo y la violaron. Una denuncia que ha dado lugar a que el juzgado llame a declarar como imputados a dos dirigentes sindicales. Esta llamada ha sido contestada por el sindicato CC OO, al que pertenecen estos sindicalistas, apostando por su inocencia. Una apuesta que es razonable, por cuanto está avalada por el sistema legal que hoy por hoy rige nuestra...
Rosario Carrero, presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz, denunció que, el pasado 23 de enero, dos personas encapuchadas asaltaron su domicilio y la golpearon. Además, le produjeron decenas de cortes en su cuerpo con un cuchillo y la violaron. Una denuncia que ha dado lugar a que el juzgado llame a declarar como imputados a dos dirigentes sindicales. Esta llamada ha sido contestada por el sindicato CC OO, al que pertenecen estos sindicalistas, apostando por su inocencia. Una apuesta que es razonable, por cuanto está avalada por el sistema legal que hoy por hoy rige nuestra sociedad. Nadie por ser llamado a declarar por unos hechos presuntamente delictivos puede ser considerado responsable de los mismos. Es la sentencia firme y condenatoria la que determina la tacha de culpabilidad. Una tacha que no alcanza a los sindicalistas. Menos aún cuando el juez, después de recibirles declaración, ha acordado su puesta en libertad.
Sin embargo, la llamada al proceso de dos sindicalistas y el hecho de que la agresión se produjera apenas 24 horas después de que si filtrara un informe de la Intervención municipal, en el que se alertaba de numerosas anomalías en las cuentas del Fondo de Acción Social, hasta el punto de que más de 50.000 euros estaban sin justificar, hacen que hayan tratado de anudarse la presunta agresión, la agresión y la filtración. Se piensa que algo tienen que ver las unas con la otra.
En éstas, y con estas circunstancias, se hace mucho más necesario, si cabe, que la Administración de Justicia actúe con eficacia y celeridad para que puedan conocerse las razones que han dado lugar a estos hechos y pueda determinarse su alcance.
El retraso en la instrucción, o su conclusión sin encontrar a los autores de la agresión, además de ser un fracaso de investigación y judicial, mantendría y arrojaría un elemento de incertidumbre. Una incertidumbre que podría hacer dudar de la veracidad de los hechos denunciados y salpicaría a los imputados, ya que se mantendrían en el tiempo las dudas sobre unos hechos, sobre su autoría y sus razones. Es la única forma de saber la verdad, para conocer quién o quiénes son responsables de un comportamiento que huele, de lejos, a canallesco.