El plan eólico permanece congelado un año pendiente de la adjudicación de Industria

El plan eólico de la Comunidad Valenciana permanece congelado en los despachos de la Consejería de Industria desde hace más de un año. Una primera adjudicación de las concesiones administrativas para levantar molinos en territorio valenciano, anunciada en enero de 2002, sigue pendiente de confirmación definitiva. Dos razones afloran para explicar el retraso: la prudencia de las grandes compañías hacia nuevas inversiones, por un lado, y los posibles agravios políticos derivados de las zonas afectadas por el perímetro definitivo de los parques de aerogeneradores.

El Consell aprobó el plan...

El plan eólico de la Comunidad Valenciana permanece congelado en los despachos de la Consejería de Industria desde hace más de un año. Una primera adjudicación de las concesiones administrativas para levantar molinos en territorio valenciano, anunciada en enero de 2002, sigue pendiente de confirmación definitiva. Dos razones afloran para explicar el retraso: la prudencia de las grandes compañías hacia nuevas inversiones, por un lado, y los posibles agravios políticos derivados de las zonas afectadas por el perímetro definitivo de los parques de aerogeneradores.

El Consell aprobó el plan eólico para la Comunidad Valenciana el 27 de julio de 2001. Fernando Castelló, consejero de Industria, dibujó las 15 zonas previstas para explotar la fuerza del viento en territorio valenciano, avanzó un novedoso "procedimiento administrativo" para atribuir la concesión de suelo y situó en torno a principios de 2003 la actividad efectiva de los primeros molinos. A continuación se fue de vacaciones.

La primera preadjudicación del plan eólico, hace un año, concedió una importante tajada en el negocio a Iberdrola y la Empresa Hidroeléctrica de Navarra, pionera en el sector, en alianza con un grupo de empresarios azulejeros de Castellón, también implicados en la cogeneración; Elecnor, la empresa vasca, y la constructora Acciona lograron el segundo paquete; Endesa, la primera compañía del sector, y Sedesa, vinculada a la familia Cotino, obtuvieron el tercer bloque por importancia y calidad; Elecday y el grupo textil Colortex arañaron una zona; la última fue a parar a un grupo alemán, la sociedad entre Nevag y Umweltkontor.

La relación de excluidos en las concesiones previas era casi más importante: Bancaixa, la CAM, Gamesa, Hidrocantábrico, Unión Fenosa, ACS...

Apenas dos semanas después de la primera adjudicación, meramente orientativa, se iniciaron conversaciones para reordenar las cosas. Algo se ha movido.

Iberdrola, la compañía que disfruta casi en solitario de la distribución eléctrica en territorio valenciano rompió su sociedad con la Empresa Hidroeléctrica de Navarra (EHN). Las dos empresas se repartieron los activos vinculados con energías renovables y EHN asumió la porción correspondiente al territorio valenciano. En el tránsito se incorporaron al proyecto algunas constructoras valencianas.

La presión de la Generalitat también pemitió meter cabeza en el negocio eólico a Bancaixa y la CAM. Dos grupos, los que encabezan Endesa y Elecnor han cedido respectivamente un 20% a cada de las dos grandes cajas de ahorro valencianas.

La constructora de Florentino Pérez, ACS, que optaba a una adjudicación directa en la primera fase de la concesión, arrancó finalmente parte del futuro negocio gracias a las dificultades financieras de la compañía danesa Nevag, auténtico gigante del sector eólico.

Una vez reordenado el mapa y la parte correspondientes a cada grupo en los despachos, el procedimiento administrativo parece despejado, pero dos problemas complican el asunto.

El primer diseño general del plan eólico levantó una auténtica polvareda política. Los pueblos afectados, todos ellos en localidades de las serranías del interior, empezaron a denunciar inconsistencias en los perímetros elegidos. Desde la primacía de suelos privados sobre suelos públicos a agravios comparativos entre términos municipales afectados.

La supuesta inversión que llevará aparejada la efectiva construcción de parques de aerogeneradores y los impuestos municipales derivados de las obras y su posterior explotación industrial suponen movimientos de gran calibre en relación a las cuentas habituales de los ayuntamientos afectados.

Un asesor vinculado al proceso de adjudicación de la concesión administrativa en curso sugiere que "dos días antes del último domingo de mayo se repartirá el pastel". Es decir, Industria evitará a toda costa despertar una polémica política entre localidades del interior en vísperas de las próximas elecciones municipales y autonómicas previstas para el 25 de mayo.

Por otra parte, las grandes compañías eléctricas han optado por la prudencia en los últimos meses. La posibilidad de recuperar activos o dilatar gastos les resulta mucho atractiva que acometer nuevas inversiones. La ausencia de presión de los grandes operadores sobre los responsables de la Generalitat para agilizar las adjudicaciones parece definitiva.

El plan eólico se diseñó para cumplir las directivas europeas que establecen que en 2010 el 12% de la energía se produzca por procedimientos renovables. Y los retrasos en su implantación recortan las posibilidades de acceder a la subvención europea para los kilowatios de energía eólica, prevista hasta 2007.