La ley de universidades crea un cuerpo docente dependiente de la Generalitat

Amparándose en la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Parlament aprobó ayer con los votos de CiU y ERC y la abstención de los socialistas, ICV y el PP, la Ley de Universidades Catalana (LUC), que crea un cuerpo profesoral paralelo dependiente de la Generalitat y otorga al Ejecutivo autónomo funciones que pertenecen a las universidades para evitar, según los nacionalistas catalanes, que las regule la Administración central. Los rectores de todas las universidades catalanas, presentes en la Cámara, aplaudieron el texto legal, que incluye un sustancial aumento de la financiación.
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Amparándose en la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Parlament aprobó ayer con los votos de CiU y ERC y la abstención de los socialistas, ICV y el PP, la Ley de Universidades Catalana (LUC), que crea un cuerpo profesoral paralelo dependiente de la Generalitat y otorga al Ejecutivo autónomo funciones que pertenecen a las universidades para evitar, según los nacionalistas catalanes, que las regule la Administración central. Los rectores de todas las universidades catalanas, presentes en la Cámara, aplaudieron el texto legal, que incluye un sustancial aumento de la financiación.

La posibilidad que preveía la LOU -aprobada en su momento con los votos de CiU- de romper el modelo docente funcionarial y permitir la contratación laboral de profesorado en las universidades públicas, ha sido aprovechada por la LUC para crear un cuerpo estable y reglamentado de profesorado. En su adenda final, votada también por los ecosocialistas de ICV, la ley compromete al Ejecutivo catalán a contratar durante los próximos 12 años hasta 1.200 docentes (400 catedráticos y 800 profesores) junto a la garantía de incrementar en un 30% real la financiación de las universidades desde ahora hasta 2010.

Los socialistas, que en un primer momento parecían inclinados a sumarse al consenso que pedía la comunidad universitaria en torno a esta esperada ley, se desmarcaron finalmente y adquirieron ayer el compromiso de reformarla cuando dispongan de mayoría en la Cámara, según anunció el diputado del PSC Miquel Barceló.

En el fondo del rechazo socialista late el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones de obediencia nacionalista catalana para vestir con tintes de reclamación histórica este texto legal, como lo demuestra que el programa para la contratación de profesorado haya sido bautizado con el nombre del que fuera rector de la Universidad Autónoma de Barcelona en la época de la República, y militante de ERC, Jaume Serra i Húnter, muerto en el exilio.

Barceló agregó que el acuerdo entre CiU y ERC dejó "un margen muy estrecho para la negociación" para influir en una normativa "cerrada e identitaria" y "poco respetuosa con la autonomía universitaria". A juicio del diputado socialista, no hay duda de que el modelo de contratación del profesorado que establece la LUC obedece a la voluntad de crear "un nuevo cuerpo de funcionarios de la Generalitat".

El consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, criticó a quienes ayer se abstuvieron ya que, en su opinión, lo hicieron basándose "sólo en motivos coyunturales". La ley, dijo, "parte del reconocimiento de una realidad universitaria específicamente catalana, heredera de una historia larga y una tradición propia". Mas-Colell considera también que la LUC "refuerza" la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, la institución que habilitará a los miembros de este nuevo cuerpo profesoral, pero deberá competir -en clara inferioridad de condiciones- con la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca), la única que puede acreditar para todo el sistema universitario español. Por otra parte, la LUC implanta un sistema similar al de la selectividad actual ya que habla de un examen coordinado entre todas las universidades públicas.

La Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña (AJEC) denunció que la LUC "evita hablar de la política de becas" y también considera que otorga más control a la Generalitat sobre la educación superior, es reglamentísta y no respeta la autonomía universitaria.