El IAE o cómo quedar bien a costa de los ayuntamientos
No he añadido, para no hacer el título más largo, lo que me parece fundamental: que ello se produce sin beneficiar globalmente a los contribuyentes, ni a la economía del país en cuanto a competitividad.
Pero veamos por qué. En la reciente reforma de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, el Gobierno ha suprimido el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para quienes facturen menos de un millón de euros anual, que según sus datos conllevaría que el 92% de los contribuyentes actuales dejarán de pagarlo. Como es sabido este impuesto se cobraba por los ayuntamientos, que en su c...
No he añadido, para no hacer el título más largo, lo que me parece fundamental: que ello se produce sin beneficiar globalmente a los contribuyentes, ni a la economía del país en cuanto a competitividad.
Pero veamos por qué. En la reciente reforma de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, el Gobierno ha suprimido el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para quienes facturen menos de un millón de euros anual, que según sus datos conllevaría que el 92% de los contribuyentes actuales dejarán de pagarlo. Como es sabido este impuesto se cobraba por los ayuntamientos, que en su conjunto dejarán de ingresar alrededor de 1.800 millones de euros, indispensables para financiar los servicios que prestan. A cambio los ciudadanos no ahorrarán mucho puesto que el IAE era deducible del Impuesto de Sociedades o el de Renta, impuestos que cobra el Estado que se ahorrará la deducción.
También el nuevo sistema de financiación local establece para los ayuntamientos una participación en los tributos del Estado. Pero como parece claro, el Gobierno necesitará más recursos para financiar a los ayuntamientos, salvo que deje de prestar algún servicio de los que él presta actualmente, lo cual, como ya hemos visto en el caso del salvamento marítimo del Prestige, resulta muy caro para todos ahorrar en servicios públicos.
¿Cómo se ha resuelto el problema? Sencillamente pagaremos "todos" más impuestos y no precisamente en función de nuestra capacidad adquisitiva.
Por un lado, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, antes de su reforma, suponía una racionalización del sistema tributario local que, según su preámbulo, "estaba integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales y un conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas entre sí y carentes de una justificación común", que hoy, a tenor de los nuevos inventos presupuestarios del Sr. Rato (en cada presupuesto inventa nuevas tasas a cuál más ocurrente e injustificada), han pasado a ser patrimonio del Gobierno con el mismo sinsentido y descoordinación y con un carácter claramente inflacionario.
Por otro lado, para obtener más recursos con que compensar el desaparecido IAE, aunque se aduzcan otras razones de modernización que pueden ser más o menos reales, el Gobierno, fuera de la Ley de Haciendas Locales, ha regulado el catastro inmobiliario. Éste sirve para describir y valorar los bienes inmuebles rústicos, urbanos y una nueva categoría de bienes inmuebles, "los de características especiales", que son fundamentalmente los destinados a la producción de energía de cualquier tipo, incluso los saltos de agua; las autopistas, los puertos y aeropuertos.
Parece bastante evidente la intención del Gobierno: al suprimir el IAE no hace sino trasladar esa carga al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se rige por el nuevo catastro aprobado y que aparecerá ante los ciudadanos como una subida de impuestos de su ayuntamiento (puesto que el IBI lo cobran los ayuntamientos), mientras que el gobierno del PP en cambio no hace más que rebajarlos, aunque el causante de la subida en realidad haya sido él.
Una segunda consecuencia, esta vez más grave que el simple engaño, es que los productores de energía y los concesionarios de autopistas, así como los rectores de puertos y aeropuertos, trasladarán rápidamente el aumento de impuestos al consumidor y el ahorro de la supresión del IAE pasará a encarecer los costes de producción y a hacernos menos competitivos, dado que pagaremos más cara la energía, ya de por sí bastante cara e ineficaz en España, puesto que les venimos pagando ingentes cantidades de dinero público a las empresas eléctricas para adaptarse a la competencia y no son capaces de suministrar electricidad regularmente; y encareceremos el transporte en una sociedad a la que todavía le queda mucho por invertir en infraestructuras para estar equiparado a nuestros socios europeos.
Además, el hipotético beneficio electoral de la operación, parece haberles ocultado que las pequeñas y medianas empresas puede que no intenten crecer o reduzcan su dimensión, o bien se dividan en varias empresas para no verse afectados por el Impuesto de Actividades Económicas (intentando no llegar al millón de euros) y ello nos lleve a mantener una estructura de distribución ineficaz e inflacionista, que también es lo que menos necesitamos en la actual coyuntura de inflación descontrolada que nos hace perder competitividad.
No parece tampoco que el nuevo catastro inmobiliario vaya a contribuir a bajar el precio actual de las viviendas que últimamente se viene pregonando como una necesidad, pero se viene haciendo todo lo contrario. Porque a subir el precio de la vivienda contribuye el Gobierno cuando sube los impuestos o cuando se deja a los ayuntamientos mal financiados y para remediarlo se ven obligados a subastar el suelo público como si fueran un particular más, y no pueden destinarlo a viviendas protegidas, que sí, que contribuiría a regular a la baja el mercado inmobiliario.
Se diría que últimamente el gobierno del Partido Popular, ocupado en intervenir en "el mercado publicitario" (véanse la multitud de anuncios del Ministerio de Trabajo) y en la "guerra de sucesión" (no confundir con la de Bush) no tiene demasiado tiempo para pensar en las consecuencias macroeconómicas de sus decisiones fiscales, que parecen más hechas por publicistas que por economistas, si les reconocemos la buena intención, que no pongo en duda que la tienen.
Joan Lerma es ex presidente de la Generalitat.