Editorial:

Intolerancia

Los actores que exhibieron carteles con la consigna "No a la guerra" en el pleno del miércoles son personas conocidas y habían acudido al acto por invitación expresa de partidos representados en la Cámara. También era conocido que el motivo de su presencia en el lugar no era su apoyo a alguna organización subversiva o práctica delictiva, sino su rechazo a la guerra contra Irak, que era el tema a debate. En esas condiciones, las restricciones exageradas, alegando motivos de seguridad, están fuera de lugar. Muy especialmente los cacheos, que, tal como se produjeron, constituyen una forma de inti...

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Los actores que exhibieron carteles con la consigna "No a la guerra" en el pleno del miércoles son personas conocidas y habían acudido al acto por invitación expresa de partidos representados en la Cámara. También era conocido que el motivo de su presencia en el lugar no era su apoyo a alguna organización subversiva o práctica delictiva, sino su rechazo a la guerra contra Irak, que era el tema a debate. En esas condiciones, las restricciones exageradas, alegando motivos de seguridad, están fuera de lugar. Muy especialmente los cacheos, que, tal como se produjeron, constituyen una forma de intimidación intolerable.

El Parlamento es el templo de la palabra, de la confrontación entre argumentos, no entre pancartas. El reglamento del Congreso deja abierta la posibilidad de que la presidencia intervenga, expulsando a quienes "perturben el orden o falten a la debida compostura". Queda a su criterio juzgar qué actitudes de los diputados o invitados entran en esa genérica definición. Desde luego, una actitud incondicionalmente permisiva provocaría efectos perversos: toda persona con algún motivo de queja intentaría expresarla con pancartas, gestos o gritos. Pero entre esa hipótesis y la permisividad cero hay un margen que depende del buen sentido de la presidencia. No es lo mismo sacar un cartel contra el presidente de Gobierno, por ejemplo, o a favor de los presos de ETA, que contra la guerra.

La presidenta tiene motivos, reglamento en mano, para ordenar el desalojo, si piensa fundada y razonablemente que la presencia de los encartelados puede perturbar el debate. Pero ello no justifica la intimidación anterior. La explicación que facilita una nota sin identificación del firmante del "Congreso de los Diputados" resulta inverosímil: las medidas de seguridad fueron las habituales, pero también excepcionales, dada la "especial relevancia" del debate; y los controles se aplican "sin discriminación alguna" entre las "personas que quieren acceder a las tribunas". Todo fue desquiciado y sin proporción, con cacheos minuciosos e impropios, usando la facultad reglamentaria de la presidencia del Congreso para evitar que los actores estuvieran en la sala cuando Aznar leía su discurso y proteger así al presidente del Gobierno. Es sólo un incidente, pero es un revelador más de cómo las gasta el partido del Gobierno. Quien tantas cosas considera intolerables debiera revisar cuál es su umbral de tolerancia.

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