Prostitución y trata de blancas
Estamos asistiendo durante los últimos meses en diversos países europeos a un intenso debate en torno de la ley de prostitución. En Francia, el detonador ha sido el proyecto de Ley de Seguridad Interior, promovido por Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, en el que, en el marco de un conjunto fuertemente represivo, se propone punir con seis meses de prisión y 3.750 euros de multa la incitación u oferta, incluso meramente pasiva, de servicios sexuales, práctica que hasta ahora estaba castigada sólo con multa. Lo que ha producido numerosos programas en la radio y la televisión, libros, articul...
Estamos asistiendo durante los últimos meses en diversos países europeos a un intenso debate en torno de la ley de prostitución. En Francia, el detonador ha sido el proyecto de Ley de Seguridad Interior, promovido por Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, en el que, en el marco de un conjunto fuertemente represivo, se propone punir con seis meses de prisión y 3.750 euros de multa la incitación u oferta, incluso meramente pasiva, de servicios sexuales, práctica que hasta ahora estaba castigada sólo con multa. Lo que ha producido numerosos programas en la radio y la televisión, libros, articulos en la prensa -Le Monde ya va por el sexto-, debates en el Parlamento, manifestaciones de las prostitutas, en los que se quiere decidir qué debe hacer la sociedad y qué los poderes públicos de una realidad y de una actividad sexual que, como se nos ha vuelto a recordar, es tan vieja como la sociedad patriarcal.
No se ha señalado, sin embargo, la especificidad actual de este proceso, que se caracteriza por una serie de rasgos propios de las sociedades occidentales contemporáneas. En primer lugar, la dominante económica expresada en la importancia del volumen dinerario manejado, que las evaluaciones más conservadoras sitúan por encima de los 100.000 millones de euros anuales -en España gira en torno de los 18.000 millones- hace de este sector, conjuntamente con el comercio de armas y el tráfico de drogas, los grandes pilares de la economía ilegal. En segundo término, el número cada vez mayor de personas implicadas en la prostitución, tanto por lo que concierne a la oferta, donde las prostitutas en España, de acuerdo con los datos de las asociaciones profesionales relacionadas con ella, superan ya las 300.000, cuanto por lo que se refiere a la demanda que, contrariamente a todas las predicciones negativas basadas en la nueva libertad sexual, no ha cesado de aumentar. La condición internacional/global del proceso es su tercer rasgo, que hace que en España más del 70% sean extranjeras, de las cuales el 37% son subsaharianas; el 22%, iberoamericanas, y el resto, de otros países. Ese 30% o menos de prostitutas nacionales es casi general y en los Países Bajos, paraíso de la prostitución, donde en 1960 el 95% de las prostitutas eran holandesas, hoy no llegan al 25%.
Pero tal vez la característica más determinante es la vinculación con la droga y el papel decisivo que tienen los proxenetas, no como individuos aislados o miembros de bandas locales, sino como organizaciones de estructura mafiosa inscritas de lleno en la criminalidad mundial organizada. Esta situación tiene que llevarnos a diferenciar claramente entre prostitución y trata de blancas y si en la primera caben matices en su tratamiento y gestión, la segunda es una forma, hoy más abominable que nunca, de esclavitud, y en consecuencia, de crimen contra la humanidad, que como tal debe reprimirse. Punto de vista que no se refleja en las legislaciones europeas, ni siquiera en el último proyecto de la ley francesa al que acabo de referirme. Se diría que en los países sigue vigente la imagen del proxeneta como colaborador del orden público, en cuanto controlador del desorden, de las prostitutas y confidente. La regulación de la prostitución en la Unión Europea es una combinación de las tres opciones basicas -prohibicionistas, reglamentistas y abolicionistas-, y sus dos tendencias principales son la institucionalización como una actividad profesional reglada -Holanda y Alemania son sus representantes más eminentes- y la de quienes pretenden su abolición.
Para lograrlo, el planteamiento social y no el policial, como parecen entenderlo diversas instituciones, como la Generalitat valenciana, es su vía más eficaz de cumplimiento, pues la prohibición y la represión, único medio para acabar con los proxenetas, no tienen sentido ni contra las prostitutas ni contra sus clientes. A ellas hay que asegurarles la máxima autonomía en su ejercicio librándoles de toda coerción exterior, a la par que la posibilidad de cambiar en cualquier momento de actividad; para sus clientes, que son los que la hacen existir, sólo queda esperar que acepten la afirmación actual de la mujer en todos los ámbitos, incluido el sexual, y que no busquen prolongar en él -puesto que pago, mando- una dominación ilusoria y regresiva.