Presos entre Arenas y Chaves

En el año que acabamos de estrenar los maestros de las prisiones de Andalucía continuaremos siendo los que menos derechos tienen de España.

La Administración central, en desarrollo de la Logse y por un Real Decreto de 1999, nos integra en el Cuerpo de Maestros de Primaria del Ministerio de Educación, pero en virtud de una Disposición Transitoria nos hace depender del Ministerio del Interior hasta que se produzca el acuerdo de traspaso a la comunidad autónoma de destino. En esta situación, el Ministerio de Interior no revisa nuestros complementos, ya que se producirá el traspaso pero, cu...

En el año que acabamos de estrenar los maestros de las prisiones de Andalucía continuaremos siendo los que menos derechos tienen de España.

La Administración central, en desarrollo de la Logse y por un Real Decreto de 1999, nos integra en el Cuerpo de Maestros de Primaria del Ministerio de Educación, pero en virtud de una Disposición Transitoria nos hace depender del Ministerio del Interior hasta que se produzca el acuerdo de traspaso a la comunidad autónoma de destino. En esta situación, el Ministerio de Interior no revisa nuestros complementos, ya que se producirá el traspaso pero, cuando éste se firme, no se cobrará con efectos retroactivos sino desde la fecha en la que la comunidad autónoma asuma las competencias.

La Constitución española establece criterios de igualdad y este colectivo (66 personas en Andalucía) cobró, en el año 2002, 1.040 euros menos que los maestros de Primaria destinados en Andalucía y, por si fuera poco, tampoco tenemos derecho a participar en los concursos de traslados (los únicos funcionarios de carrera que carecen de este derecho).

Cuando leemos, oímos o vemos noticias referidas al tema penitenciario, a nuestros políticos se les llena la boca para recordar que la reeducación y reinserción social de la población reclusa son los fines de la Ley Penitenciaria, pero ninguno quiere saber nada de las condiciones en las que mantienen, desde 1999, a los maestros de las prisiones de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria y Extremadura (en total, 103 maestros).

Parece ser que a los sindicatos tampoco les interesa lo más mínimo debido, probablemente, a que somos pocos y estamos entre dos administraciones de distinto signo político y, por lo tanto, de dudosa rentabilidad sindical.

A los dirigentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lo único que les interesa es saber el número de alumnos que tenemos en nuestras aulas para, suponemos, inflar sus estadísticas en Educación de Adultos.

Después de todo esto, nos preguntamos: ¿hasta cuándo nos van a tener en estas condiciones el señor Arenas y el señor Chaves? ¿Estos señores cobran todos sus emolumentos? ¿A la hora de negociar, piensan en los perjudicados o en la foto? En una supuesta huelga, ¿a quién le importaría que los presos se queden sin clases?