Las nuevas marginadas del campo

Más del 50% de las 300.000 personas que en Andalucía cobran el subsidio agrario son mujeres. Se trata de jornaleras que encuentran en este sistema de protección la única vía hacia una pensión de jubilación. Pero la reforma del subsidio que ha realizado el Gobierno de la nación cierra la puerta a muchas de ellas, todas las que no lo hayan cobrado en los últimos tres años.

Además, la alternativa propuesta por el Ministerio de Trabajo a través de la denominada Renta Activa de Inserción (RAI) tampoco parece una solución por cuanto la mayoría de las mujeres tienen cargas familiares que las o...

Más del 50% de las 300.000 personas que en Andalucía cobran el subsidio agrario son mujeres. Se trata de jornaleras que encuentran en este sistema de protección la única vía hacia una pensión de jubilación. Pero la reforma del subsidio que ha realizado el Gobierno de la nación cierra la puerta a muchas de ellas, todas las que no lo hayan cobrado en los últimos tres años.

Además, la alternativa propuesta por el Ministerio de Trabajo a través de la denominada Renta Activa de Inserción (RAI) tampoco parece una solución por cuanto la mayoría de las mujeres tienen cargas familiares que las obligarían a rechazar ofertas laborales del Instituo Nacional de Empleo (Inem). Por eso, aunque la oferta que el ministro Eduardo Zaplana presentará esta semana a los sindicatos y a los Gobiernos de Andalucía y Extremadura contemple el carácter retributivo de la nueva prestación -que daría derecho, por tanto, a una pensión de jubilación- son muchos los nubarrones que se ciernen sobre las miles de mujeres que aspiran a cobrar el subsidio. Sirvan como ejemplo estos dos casos de la provincia de Jaén, donde más de 45.000 de los 70.000 jornaleros tienen rostro femenino.

"¿Y dónde vamos a ir si aquí no tenemos más que la campaña de la aceituna?"

Dolores Salvador Merino no puede retornar al sistema tras seis años en el Régimen General. Esta mujer de Campillo de Arenas (Jaén), de 44 años de edad, casada y con tres hijos, es una de las que ha visto frenada su entrada en el subsidio agrario. En los últimos seis años ha estado trabajando como cocinera y limpiadora de la guardería temporera de su pueblo, pero este año ya no la han contratado por no haber niños suficientes. Ha solicitado cobrar la ayuda familiar y se la han denegado por tener un hijo mayor de edad, y tampoco puede retornar al subsidio agrario (en la guardería estuvo en Régimen General) por no haberlo cobrado en los últimos tres años.

"¿Y dónde vamos a ir si aquí no tenemos más que la campaña de la aceituna, y esta campaña apenas vamos a echar 30 jornales?", se pregunta Dolores, para quien el subsidio "resulta fundamental". Y es que ahora en su casa sólo entran los 330 euros al mes de su marido, que es la prestación actual del subsidio (el 75% del salario mínimo) más los jornales de la aceituna que echan ella y su hijo mayor. "Cuando acabe la aceituna nos hemos comido lo ganado", asegura, en alusión a los muchos días de interrupción por culpa del temporal. Con esos ingresos tan bajos, Dolores tiene que hacer muchos números para salir adelante cada mes y para pagar los estudios de sus dos hijos menores, una de ellos está en Granada estudiando Relaciones Laborales.

"¿Que cuál es la solución? Pues que si no nos dan el subsidio que nos den trabajo", añade Dolores, que muestra ciertos recelos a la Renta Activa de Inserción propuesta por el Gobierno para quienes queden excluidos del subsidio. El motivo no es otro que su difícil disponibilidad para afrontar cursos de formación o aceptar empleos fuera de su localidad.

Marcela Morales Quesada también ha quedado excluida del subsidio por solicitarlo un día después del decretazo. Esta mujer de Pegalajar (Jaén), de 50 años de edad, casada y con dos hijas mayores de edad, presentó la solicitud para acogerse al subsidio agrario el 28 de mayo de 2002, con tan mala fortuna de que lo hizo un día después de que el Gobierno aprobara el Decreto de Reforma de Protección de Empleo, el llamado decretazo. Marcela llevaba un año pagando el sello de la cartilla agraria (unos 66 euros al mes) pero la nueva normativa la dejaba fuera del subsidio por no haber estado cobrándolo en los últimos tres años.

"Habrá sido mala suerte, pero creo que es una injusticia que no pueda tener los mismos derechos que otras mujeres del pueblo que están en mi misma situación", se lamenta Marcela, que ha seguido durante todo este tiempo pagando su sello agrario sin recibir ninguna prestación. ¿El motivo? "Así al menos cotizo para poder tener una pensión de jubilación", explica. Su marido trabaja en la construcción, pero es el único sueldo que entra en la casa. Por eso Marcela tiene que aprovechar la campaña de la aceituna para echar unos jornales "que vienen muy bien". Pero cuando se le pregunta si estaría dispuesta a recibir cursos de formación o a aceptar cualquier trabajo fuera de su pueblo (como recoge el espíritu de la Renta Activa de Inserción) lo tiene muy claro: "¿Adónde voy con mi edad y con la carga familiar que tengo?".