Datos a la intemperie
El hallazgO en plena calle, en el interior de un contenedor de papel reciclado, de 1.500 informes médicos de pacientes tratados en un hospital madrileño plantea una vez más el problema de la confidencialidad de los historiales clínicos en el sistema sanitario. No es la primera vez que un suceso así se produce. Hace tres años causó un verdadero revuelo la noticia de que documentación oficial del hospital Psiquiátrico de Baleares se vendía en el baratillo sabatino de Palma de Mallorca. Y el problema de la confidencialidad ha sido, por otra parte, el que ha suscitado más preocupación en el debate...
El hallazgO en plena calle, en el interior de un contenedor de papel reciclado, de 1.500 informes médicos de pacientes tratados en un hospital madrileño plantea una vez más el problema de la confidencialidad de los historiales clínicos en el sistema sanitario. No es la primera vez que un suceso así se produce. Hace tres años causó un verdadero revuelo la noticia de que documentación oficial del hospital Psiquiátrico de Baleares se vendía en el baratillo sabatino de Palma de Mallorca. Y el problema de la confidencialidad ha sido, por otra parte, el que ha suscitado más preocupación en el debate abierto estos años a raíz de la progresiva cesión a empresas privadas de la gestión de los archivos de los hospitales públicos.
Que 1.500 historiales clínicos aparezcan en la vía pública es un hecho grave. No sólo porque constituye un serio fallo en el cumplimiento de los protocolos internos del centro, sino, y sobre todo, porque afecta a aspectos de la intimidad especialmente protegidos en la Ley General de Sanidad. La gerencia del centro califica lo ocurrido de "error en la interpretación del procedimiento de eliminación de los documentos" y ha destituido al responsable del archivo. También ha anunciado una investigación interna. Es una reacción correcta, pero, a la vez, lo mínimo exigible en esas circunstancias.
El asunto, además, no puede quedar circunscrito al ámbito interno del centro hospitalario. La Agencia de Protección de Datos debe intervenir, no sólo para determinar si ha habido alguna vulneración legal y sancionar a los responsables, sino para determinar si el fallo es meramente personal o se debe a deficiencias del sistema de seguridad de los archivos contratado con la empresa que los gestiona. No hay que olvidar que el Tribunal de Cuentas, en su informe del año 2001, consideró insuficientes las garantías contractuales de seguridad y confidencialidad exigidas a las empresas encargadas de gestionar los archivos de 14 hospitales públicos. Uno de ellos es el hospital Puerta de Hierro, responsable de la documentación confidencial encontrada en la vía pública.